Como el macrismo desmantela lentamente el Estado

Mauricio Macri

Treinta y dos meses después de asumir como presidente del país Mauricio Macri puede presumir de una obra de desmonte del Estado que llevó casi cien años construir a varias generaciones de dirigentes políticos y especialmente a ciudadanos de a pie que hoy observan como sus derechos conquistados se pierden.

El desmantelamiento de la agencia estatal de noticias Télam y la penetración oficial en la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA ) son las dos avanzadas más importantes del gobierno en las últimas semanas en su afán de desmontar lo que queda del Estado de bienestar heredado del siglo veinte. Lo primero ocurrió mientras Lionel Messi convertía el gol a Nigeria que colocaba al seleccionado argentino de fútbol agónicamente en la segunda ronda del mundial Rusia 2018. “Perdonen que no festejemos pero nos están despidiendo”, rezaba un cartel colgado en el ingreso a la agencia Telam. Hernán Lombardi, responsable del Sistema Federal de Medios Públicos, que incluye a Telam, radio Nacional y TV Pública nacional, emitió 356 telegramas de despido para los trabajadores de la agencia con la excusa de un sobredimensionamiento de la empresa durante el anterior gobierno. Sin embargo entre los despedidos figuran trabajadores con más de veinte años de trayectoria y el cierre de las corresponsalías de la agencia en Formosa, Posadas (Misiones), Resistencia (Chaco), Viedma (Río Negro), Rawson (Chubut) y Catamarca completa el panorama.  La agencia Telam fue fundada en 1945 por el gobierno militar encabezado por Edelmiro Farrel y Juan Perón para contrarrestar la información monopólica de las agencias norteamericanas United Press y Asociated Press, en la posguerra mundial. “El derecho a  una información veraz es una de las premisas del nuevo gobierno”, dijo Perón durante la inauguración de la agencia. En 2010 un encuentro de agencias de noticias latinoamericanas en Bariloche daba cuenta de la importancia de las agencias nacionales para cubrir información del país para los medios locales a riesgo de que esa información fuera elaborada por multinacionales de la información. “La idea es cerrar la agencia Telam y eliminar los medios públicos”, sostienen desde la comisión interna de la agencia. Y no parece descabellado si se tiene en cuenta los negocios asomados detrás de semejante carnicería.

Apenas asumió su mandato, el macrismo consideró necesario en primera instancia, reformar la ley de Servicios Audiovisuales o ley de Medios –sancionada en 2009- para dejarla sin efectos prácticos. Para eso primero creó el Ministerio de Comunicaciones y puso al frente a Oscar Aguad, un duro del radicalismo de Córdoba con poco conocimiento en comunicación pero con personalidad para llevar adelante la tarea encomendada. En abril de 2016 Macri logró que el Parlamento anulara la ley de Servicios Audiovisuales y poco más de un año después, mediante el decreto 513/2017 Macri disolvió el Ministerio, lo convirtió en Secretaría y lo puso bajo la órbita del Ministerio de Modernización. En abril pasado, con la firma de Macri y tres de sus ministros, ingresó al Senado un proyecto de ley que busca reemplazar a la ya anulada ley de Medios de 2009 una ley que a la sazón, buscaba impedir el monopolio de servicios de comunicación. El flamante proyecto macrista, en cambio apunta a que todas las empresas puedan ofertar lo que se conoce como “triple play” (televisión paga, telefonía fija, móvil e internet). Pero el punto central es que busca permitir que las empresas de telefonía puedan ofrecer televisión satelital, algo aún prohibido por la norma actual. Según supo BRECHA, es una de las exigencias de Clarín, tras fusionar Cablevisión con Telecom. La fundamentación oficial es abrir el mercado a la libre competencia aunque las últimas reuniones entre Macri y el español Mariano Rajoy –antes de ser destituido- dejaron en claro que Telefónica de España es la principal inversora en Argentina y por lo tanto podrá seguir en carrera para ingresar al nuevo negocio argentino.

El 29 de junio pasado, la secretaría de Defensa de la Competencia aprobó la asociación de las empresas Cablevisión del Grupo Clarín con la telefónica Telecom. Es la fusión más grande de la historia del país lo que la convertirá, según los analistas en el tercer conglomerado de empresas de mayor facturación nacional. Luego del amplio apoyo brindado a Macri, Clarín empieza a cosechar los frutos de su siembra. La fusión fue anunciada en vísperas del partido entre Argentina y Francia por los octavos de final de la copa mundial de Fútbol. El proceso se había iniciado hace diez meses cuando ambas empresas decidieron fusionarse a la espera del visto bueno del Gobierno. El monopolio en su máxima expresión. Clarín se convierte así en el jugador más grande de la comunicación y el entretenimiento en la Argentina.

Derecho a la educación.

En 1918 se produjo el reclamo del movimiento estudiantil argentino en Córdoba que originó la llamada Reforma universitaria, un reguero de pólvora que recorrió el resto de América Latina reclamando el cogobierno, la elección de autoridades, la autonomía y la libertad de cátedra. Cien años después de ese logro, el gobierno macrista busca incidir en la política interna de las universidades nacionales en una trabajo de pinzas: reducir el presupuesto de las universidades estatales para 2019 y penetrar la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Se trata de la mayor federación de estudiantes universitarios del país ya que cuenta con los treces centros estudiantiles de otras tantas facultades de Universidad de Buenos Aires (UBA) y una población de 300 mil alumnos. Desde el retorno de la democracia en 1983 y hasta los últimos meses de gestión de Carlos Menem, en 1999, estuvo dominada por Franja Morada la agrupación universitaria de la Unión Cívica Radical (UCR). Con la crisis del gobierno de la Alianza, en 2000, los centros de estudiantes empezaron a girar a la izquierda y desde 2001 la Fuba fue ganada por una coalición encabezada por el partido Obrero, el PTS y sectores de centroizquierda. Desde entonces la FUBA mantuvo un perfil crítico con los gobiernos de turno. La UCR como parte de la Alianza Cambiemos presentó a Franja Morada junto al Pro universitario en el Frente Nueva Fuba, espacio con el que convocaron al congreso para renovar autoridades de la Federación el sábado 29 de junio. Las actuales autoridades de la FUBA denunciaron que el frente electoral radical-macrista falsificó documentos para justificar el quórum necesario, sesionar y declararse nuevos conductores de la FUBA. El premio no es sólo quedarse con la mayor agrupación gremial estudiantil del país, si no avanzar sobre la Federación Universitaria Argentina (FUA) y luego con la cooptación de los rectorados de las 47 casas de estudio públicas, gratuitas y nacionales. BRECHA no detectó proyectos oficiales en busca de alguna forma de privatización o arancelamiento, pero las gremiales docentes, no docentes y los centros de estudiantes manifestaron su preocupación y se mantienen en estado de alerta. “El último congreso de la FUBA fue fraudulento y contó con la complicidad del rectorado de la UBA aliado al gobierno de Macri para subordinar la universidad pública a los intereses oficiales y vaciarla como están haciendo con los medios públicos”, sostiene un comunicado de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA). La universidad pública y gratuita, símbolo de la Argentina es un botín largamente deseado desde sectores empresariales liberales.

Medidas antiderechos.

Las medidas económicas de una gestión de gobierno debieran formar parte del plan económico, aunque a veces ese plan además conculque derechos conquistados décadas antes. El 14 de diciembre de 2015, por medio del decreto 160/2015, el presidente Macri eliminó los impuestos a medio centenar de bienes exportables, entre ellos productos industriales, agropecuarios y media docena de minerales, con la excusa de “fomentar la exportación de bienes con alto valor agregado” y permitir “el ingreso de nuevos capitales que inviertan en la generación de puestos de empleo”, según los fundamentos del decreto. Los nombres propios beneficiados detrás de esa fórmula, están compuestos esencialmente por 24 empresas multinacionales dedicadas a la explotación de minería a cielo abierto, medio centenar de empresas grandes y multinacionales ligadas a la explotación agrícola y un centenar más de corporaciones dedicadas a explotar los bienes agrícolas de manera asociada como las productora de maquinaria agrícola, semillas y pesticidas. Junto con el decreto llegó la reformulación de la ley de ministerios y Macri decidió crear la cartera de Agroindustria, en reemplazo de Agricultura y Pesca: toda una declaración de intenciones. Por las dudas, en mayo pasado, el ministro Miguel Etchevehere, confirmó que “nunca más habrá retenciones” para el sector. Etchevehere es un hombre de la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las asociaciones patronales del campo abierta e históricamente antiperonista. Etchevehere es, además, uno  de los productores rurales más importantes de la provincia de Entre Ríos y conoce la historia de ese impuesto a las exportaciones llamado retenciones. Fue creado por el gobierno de Juan Perón e implementado en abril de 1946 desde el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), un ente regulador creado para promover el comercio exterior bajo la mirada del Estado que primero aseguraba que la demanda interna de productos estuviera cubierta y los excedentes fueran comercializados al exterior. Pese a que fue disuelto por la llamada revolución Libertadora en 1955, los impuestos a las exportaciones de granos y productos en general volvieron con cada gobierno electo y fueron derogadas o minimizadas por las dictaduras. La excepción la produjo Macri que electo con el voto las eliminó. El impuesto no sólo generaba ingresos para ser redistribuidos si no que evitaba la subfacturación de parte de los conglomerados exportadores, obligaba como el IAPI a abastecer primero el mercado interno y vender los excedentes. Eliminar esa institución tributaria era un viejo anhelo de los liberales del campo argentino. En los primeros meses de gobierno Macri se aseguró el respaldo del bloque dominante con medidas económicas e institucionales.

La decisión de liquidar la resistencia sindical fue tomada desde la campaña electoral y la meta de máxima para el macrismo es una reforma laboral que sacrifique derechos ganados por el movimiento obrero a lo largo del siglo veinte. Jornadas de ocho horas, aguinaldos, vacaciones, jubilación y amparo en asistencia médica para el grupo familiar, son cuestiones que hoy están en el centro del proyecto de ley para modificar las normas laborales argentinas.

El viejo Estado de bienestar nacido en la posguerra con el peronismo, sufre con Macri duros embates amparados por un telón de fondo que tiene a la derecha empresaria mundial en plena euforia. La seguridad social es uno de los pilares sobre los que se apoyó ese Estado hoy en retirada pese a los reclamos abiertos de la ciudadanía en la calle.

Los jubilados y pensionados son uno de los sectores sociales más vulnerables y sobre ellos avanzaron las medidas tomadas en los últimos dos años y medio de gobierno con la excusa de un necesario recorte presupuestario. Son medidas planificadas en dosis contundentes. En marzo de 2017 fue anunciado el cierre del programa Remediar que desde 2002 entregaba medicamentos con descuentos del 90 por ciento a los jubilados desde el Ministerio de Salud de la Nación. Desde la Casa Rosada plantearon la necesidad de traspasar  a los gobiernos provinciales el costo de la salud de la clase pasiva recargando el peso sobre presupuestos magros, gracias a la crisis económica que padecen las economías regionales con el ajuste implementado desde 2015. Pocos meses después en diciembre de 2017, la reforma del sistema previsional fue aprobada por el Parlamento en medio de fuertes protestas. La edad de trabajo activo podrá extenderse hasta los 70 años y el cálculo de las jubilaciones se modificó de manera que el Gobierno estimó un ahorro anual de 100 mil millones de pesos (unos 3.300 millones de dólares). El acuerdo con el FMI establece que desde el Poder Ejecutivo se podrá disponer de una de las fuentes de ingresos de la Administracion Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Fondo de Garantias Sustentable (FGS) un fondo de activos financieros que incluye bonos estatales, activos de empresas, plazos fijos, cedulas hipotecarias y fideicomisos, es fruto de la recuperación estatal del sistema de jubilaciones y pensiones en 2008. Contiene los fondos de las viejas AFJP privadas cuando el menemismo privatizó todo el sistema jubilatorio. Ahora ese FGS asciende a unos 250 mil millones de pesos y se utiliza para financiar la caja de los pasivos. “El FMI no exige vender los activos del FGS, pero el Gobierno admitió que venderá una parte para financiar las sentencias de los juicios iniciados por jubilados y que el Estado da por perdidos. Van a sacarle recursos a la Anses sin liquidarla, para volverla menos operativa quitándole recursos”, admite la economista de la UBA, Noemí Brenta, especialista en relaciones entre Argentina y el FMI. El achique del sistema jubilatorio apunta según la oposición parlamentaria a una vuelta al sistema de jubilaciones privadas, según la diputada nacional Graciela Camaño, del Frente Renovador.

Con el achicamiento del Anses, ya se perdió otro de los programas sociales centrales en materia educativa: Conectar Igualdad, el mismo que entregaba computadoras gratuitas a los estudiantes secundarios de escuelas públicas en todo el país. Un símil del uruguayo Plan Ceibal. En mayo pasado Macri firmó el decreto de cierre del programa, con el despide a los 130 trabajadores que lo componían. En su lugar comenzará a funcionar sin fecha cierta el Plan Aprender Conectados. Un comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el anuncio oficial “sólo contiene palabras grandilocuentes pero ningún dato concreto sobre como y cuando comenzará a funcionar”.

En el marco del ajuste planteado desde el Gobierno, también padecen sus consecuencias otros sectores sociales ligados a la ciencia y la cultura. El proyecto satelital Arsat, fue suspendido en abril de 2016 con la intención de privatizarlo. “Esa experiencia tiene que autofinanciarse y no depender de los fondos del Estado”, declaró Rodrigo de Loredo, nuevo titular de la empresa Arsat. Las finalidad con que fue creada la empresa estatal por Nestor Kirchner en 2006, apuntaba a brindar telefonía, internet y material educativo a todo el país y la región a costo bajo. En julio de 2017 el gobierno firmó un acuerdo con la empresa norteamericana Hughes para construir y explotar el satélite Arsat III, cuyo paquete accionario mayoritario estará en manos de la multinacional. Desde la oposición reclamaron que esa medida “viola la ley de soberanía satelital argentina creada en 2006 precisamente con el fin de dotar al país de esa tecnología en beneficio de todos”, señaló el diputado Rodolfo Tailhade (Unidad Ciudadana)a Brecha. “Es imprescindible agregar los despidos masivos de empleados estatales especialmente en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Con la excusa de una supuesta mala imagen del empleado público, no sólo el macrismo despide trabajadores si no que desmantela el Estado porque los despedidos son capital humano fundamental para que cada una de esas dos áreas funcione. Tanto en el INTI como en el INTA dejamos en manos de multinacionales la incorporación de tecnología que podríamos desarrollar en el país”, señala Tailhade a BRECHA. Los despedidos fueron 369 entre el INTI e INTA.

Tambien en junio de 2017 y como parte de los recortes presupuestarios el Consejo Nacional de la Mujer perdió 67 millones de dólares en su asignación anual, justamente en el año en que lo femicidios, la violencia de género y los debates por el aborto, empezaron a generar movilizaciones y asambleas en todo el país. En el mismo sentido el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa) anunció que hasta fines de 2019 no habrá créditos para producciones cinematográficas nacionales. La excusa del ahorro y la herencia recibida siguen funcionando para a administración de Cambiemos en su camino por desmantelar los restos del Estado. El propio Macri anunció en enero una reducción del 25 por ciento entre los funcionarios del Poder Ejecutivo, como forma de abonar el concepto de transparencia estatal y generar un ahorro de 1.500 millones de pesos anuales. Frente a la pérdida de empleos y derechos sociales, la diputada oficialista, Elisa Carrió, ensayó una fórmula de reemplazo, “la clase alta y media debe dar más propinas y changas (empleos eventuales de ocasión) para trabajar”. La fórmula de la eficiencia liberal funciona para seguir desmontando un Estado social de casi cien años en pocos meses.

(Por Fabian Kovacic)

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