#Rusia2018 / Uruguay descuida los Derechos Humanos de las minorías sociales y mujeres

Según Amnistía Internacional, la situación en el país sudamericano deja en evidencia un descuido estatal sobre mujeres y colectivos sexuales diversos. También hay deudas con los crímenes de la última dictadura. (NdeR)

La detención en espera de juicio continuó utilizándose de manera generalizada. Siguieron impunes los delitos cometidos en el pasado; los defensores y defensoras de los derechos humanos que investigaban dichos crímenes recibían amenazas de muerte. Resultaba difícil acceder a servicios de salud reproductiva en las zonas rurales, y los objetores de conciencia que  se negaban a practicar abortos seguían obstruyendo el acceso a abortos legales.

INFORMACIÓN GENERAL

El Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (Simore), que desde diciembre de 2016 había recopilado información sobre la implementación por parte de Uruguay  de las recomendaciones formuladas por organismos internacionales, todavía no contaba con un mecanismo efectivo de participación de la sociedad civil. Aún no se había desplegado en su totalidad la Red Interinstitucional para la Elaboración de Informes y Seguimiento de la Implementación de Recomendaciones y Observaciones en Materia de Derechos Humanos, creada también en 2016.

RECLUSIÓN

El Instituto nacional de Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, continuó documentando y elaborando informes sobre violaciones de derechos humanos en las prisiones, incluidos el hacinamiento y la  falta de acceso a servicios de salud y a la educación. En la mayoría de los casos seguía imponiéndose la prisión preventiva y a menudo se denegaba la libertad condicional en espera de juicio. Una propuesta de enmienda al Código de la Niñez y la Adolescencia amenazaba con aumentar el porcentaje de casos sujetos a prisión preventiva obligatoria y con eliminar los límites temporales de dichas  detenciones, lo que ponía en peligro los derechos de las personas jóvenes en el sistema penal de menores. Las personas con discapacidad psicosocial seguían siendo recluidas contra su voluntad y en régimen de aislamiento en instituciones psiquiátricas.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU formuló  varias recomendaciones a Uruguay, entre ellas aumentar la aplicabilidad directa  de estos derechos en el sistema judicial, reforzar la legislación contra la  discriminación, adoptar una ley sobre salud mental que se ajustase a las normas internacionales, aprobar un proyecto de ley integral contra la violencia de género, y garantizar el derecho al trabajo para las personas con discapacidad.

IMPUNIDAD

En febrero, varios defensores y defensoras de  los derechos humanos que investigaban violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar (1973-1985) denunciaron haber recibido amenazas de muerte; no se investigó el origen de dichas amenazas. En mayo, esas amenazas fueron denunciadas por un grupo de defensores y defensoras de los derechos humanos  en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la  que las autoridades uruguayas no asistieron. El Grupo de Trabajo por la Verdad y la Justicia, establecido en 2015 y de ámbito nacional, no había obtenido resultados concretos en relación con las reparaciones para las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado.

En octubre, la Suprema Corte de Justicia resolvió que los crímenes de lesa  humanidad estaban sujetos a prescripción, lo que dificultaba el acceso de las víctimas a la justicia e impedía procesar a las personas sospechosas de ser  penalmente responsables de esos crímenes.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

Continuaba la falta de una política integral contra la discriminación que protegiera  a las personas LGBTI frente a la violencia en las escuelas y los espacios públicos   que garantizara el acceso de estas personas a los servicios de salud.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

Según datos oficiales, entre enero y noviembre hubo 27 femicidios. Seguía pendiente la adopción y la aplicación de una ley integral contra la violencia de  género,  como parte del “Plan de Acción 2016-2019: por una vida libre de violencia de género”.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Continuaba la carencia de políticas públicas que garantizaran el acceso a servicios  de salud en las zonas rurales, y el acceso a servicios de salud sexual y  reproductiva en dichas zonas continuaba siendo limitado. Persistían los obstáculos para acceder al aborto, debido a la falta de regulación de la objeción de conciencia por parte de médicos y otro personal de salud. La tasa de embarazo de niñas y adolescentes seguía siendo elevada debido, en parte, a la ausencia de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva y de información para prevenir los embarazos no deseados.

(Tomado de Informe Anual de Amnistía Internacional / http://www.amnesty.org/es)

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