La pobreza sigue creciendo en Argentina según Unicef y la UCA

No ceden los indices de pobreza en Argentina.

El 47,7 por ciento de los hogares en donde residen niñas, niños y adolescentes no cuenta con suficientes ingresos para acceder a la canasta de bienes que define la línea pobreza. El dato está por encima del 29,7 por ciento de pobreza que afecta al conjunto de la población. Además, la pobreza extrema afecta al 10,8 por ciento de los niños y adolescentes del país, frente al 5,6 por ciento de la población general. En términos absolutos, esto implica que hay en la Argentina 5,6 millones de niñas y niños en situación de pobreza monetaria, de los que 1,3 millones están en situación de extrema pobreza, es decir que residen en hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. Los datos fueron calculados por Unicef en base a la información del Indec.

Por su parte el informe del Observatorio de la Deuda Social sobre Pobreza de la Universidad Católica Argentina (UCA), señala que seis millones de personas padecen hambre en el país, uno de cada diez hogares no tiene los recursos para alimentar a su familia y hay ocho millones de personas en situación de vulnerabilidad porque no tienen acceso a por lo menos tres de las siete dimensiones de derechos desde los últimos 15 años. Así lo reveló el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Desde la tradición teórica del Observatorio de la Deuda Social Argentina, la pobreza es una de las formas más injustas que asume la marginación social, en tanto impone fuertes limitaciones al progreso individual y colectivo, frustra la equidad de resultados, impide la igualdad de oportunidades y evidencia el fracaso del sistema político-económico para reducir las desigualdades sociales. En términos generales, la meta normativa de erradicación de la pobreza está anclada en el enfoque de derechos humanos. Esto puede verificarse en distintos instrumentos suscritos por los países en el marco de las Naciones Unidas, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Cumbre Mundial de Desarrollo Social (1995), la Cumbre de Desarrollo del Milenio (2000), y más recientemente, la Agenda 2030 del Desarrollo Sustentable (ONU, 2015). Desde este enfoque, los pobres son titulares de derechos y la erradicación de la pobreza constituye una obligación esencial para el respeto de la dignidad humana de todas las personas.

La aclaración inicial del informe de Unicef, necesaria para analizar los datos, es que el organismo oficial de estadísticas endureció el año pasado el criterio para definir la pobreza. Según el investigador de la UMET Daniel Schteingart, el Indec encareció la canasta en un 35 por ciento. Esa modificación metodológica explica 12 de los 30 puntos del nivel actual de pobreza. El cambio de medición, además, impide la comparación con los valores previos de la serie de pobreza, con lo cual el gobierno se ahorró mostrar el deterioro de la situación socioeconómica en 2016 frente a 2015. Schteingart calculó que si en los países de la región se adoptara la metodología del Indec, en 2014 la pobreza en Brasil habría alcanzado el 43,7 por ciento; en Perú se ubicaría en el 49,6; en Colombia, en el 56,6; en México, en el 69,8 y en Ecuador, en el 61 por ciento. En tanto, Chile estaría en una línea similar a la Argentina, unos 10 puntos por encima de Uruguay.

El promedio general marca que la pobreza afecta al 47,7 por ciento de los niños, niñas y adolescentes, pero la tasa aumenta al 85 por ciento cuando el niño reside en un hogar cuyo jefe o jefa está desocupado. La diferencia es también muy importante entre los niños y adolescentes que dependen de un jefe o jefa de hogar que cuenta con un empleo registrado, en donde la pobreza es del 26,9 por ciento, frente al jefe o jefa con trabajo informal, que implica que la pobreza en los niños se eleva al 64,8 por ciento. Los hogares cuyos ingresos dependen de un cuentapropista profesional tienen un nivel de pobreza infantil del 28,4 por ciento, mientras en los hogares con un cuentapropista no profesional la pobreza se eleva al 62,2 por ciento. De este modo, el informe muestra el enorme impacto que puede tener una modificación de las condiciones laborales de los jefes y jefas de hogar en los niños y niñas y adolescentes que forman el grupo familiar.

Las diferencias se replican para la medición de pobreza infantil extrema, que se ubica en 10,8 por ciento en general pero asciende al 12,4 en los hogares con asalariados informales, al 16,2 para hijos e hijas de los cuentapropistas no profesionales y llega al 40,6 por ciento para los hogares cuyo jefe o jefa de hogar está sin empleo.

El nivel de pobreza en la infancia también se vincula a la cantidad de años de escolaridad del jefe o jefa de hogar. En los hogares en donde el ingreso principal está a cargo de una persona con más de 12 años de estudios (primaria y secundaria completa y estudios superiores incompletos), la pobreza extrema en los chicos es del 1,7 por ciento, pero ese porcentaje sube al 12,7 para los que estudiaron entre 7 y 11 años y llega al 17,4 por ciento para los que estudiaron menos de 7 años.

“La medición de pobreza monetaria muestra un cuadro delicado. Es notable además el impacto de la inserción laboral y el clima educativo del hogar en los ingresos y por lo tanto en la capacidad para acceder a la canasta que define la línea de pobreza e indigencia. La desigualdad que sufren los niños, niñas y adolescentes es mayor en la indigencia que en la pobreza, lo cual incrementa la complejidad de la situación”, indicó Sebastián Waisgrais, economista y especialista en inclusión social de Unicef.

(Tomado de Página 12 y Prensa UCA)

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