Macri promulgó la ley contra el 2 por 1 sancionada el miércoles

El gobierno nacional promulgó la ley que limita la aplicación del cómputo del 2×1 en casos de lesa humanidad, sancionada el miércoles pasado por el Congreso de la Nación tras el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó ese beneficio a un represor de la última dictadura.

La puesta en vigor de la norma 27.362 fue dispuesta mediante el decreto 329/2017, fechado un día después de la aprobación del proyecto y publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

En el primero de sus tres artículos, el texto señala que “de conformidad con lo previsto en la ley 27.156, el artículo 7º de la ley 24.390 —derogada por ley 25.430— no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”.

Luego, en el segundo, precisa que “el cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7° de la ley 24.390 —derogada por ley 25.430— será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley”.

Finalmente, el tercer punto de la norma aclara que “lo dispuesto por los artículos anteriores es la interpretación auténtica del artículo 7° de la ley 24.390 —derogada por ley 25.430— y será aplicable aún a las causas en trámite”.

Mediante el decreto 329/2017, el Gobierno oficializó la ley 27.362 que aclara que la ya derogada norma del 2×1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”. El nuevo marco normativo también establece que el 2×1 sólo podrá ser aplicado en los casos donde el condenado haya estado en prisión preventiva en el periodo en que dicha norma estuvo en vigencia, entre los años 1994 y 2001.

El escandaloso fallo de la Corte firmado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que autoriza a conmutar la pena del represor civil Luis Muiña se conoció el miércoles 3. Los días que siguieron, los pedidos de los genocidas condenados para acceder a ese requisito se multiplicaron en los tribunales de todo el país. Desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevaron que había más de 300 represores en condiciones de acceder al beneficio tras el cambio de criterio aplicado por la Corte.

El rechazo fue generalizado e inmediato. Para los organismos de derechos humanos, la decisión de la Corte representó un indulto encubierto para los genocidas, y convocaron a una movilización de repudio que se convirtió en la masiva marcha del miércoles pasado repleta de pañuelos blancos. Los jueces que avalaron la sentencia fueron denunciados por prevaricato y el fallo fue recusado ante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(Fuente: agencia Telam y diario Página 12)

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