Barrick contra las cuerdas en la mina Veladero

El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, ante la reiteración de los derrames tóxicos y el inocultable malestar y rechazo social a la actividad minera, no tuvo más remedio que salir a decir que si la minera canadiense Barrick Gold no cambia la infraestructura en la mina Veladero para evitar derrames de cianuro, le quitarán la concesión. La población directamente afectada demanda desde hace más de dos años el cierre de mina Veladero, la remediación de los innumerables daños ambientales y sociales y la prohibición de la mega minería en San Juan.

El juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, ordenó al Ministerio de Salud  sanjuanino que analice la sangre de más de 300 vecinos de ocho pueblos cercanos a la mina Veladero, para ver si hay rastros de contaminación tras los últimos derrames de la canadiense Barrick Gold, cuya explotación aún permanece suspendida. Ayer, el concejal de Jáchal Jorge Morales presentó un pedido de ampliación de los estudios y que se realicen junto con personal de la Universidad de Buenos Aires (UBA) porque “es a la provincia a la que no le creemos”. En el mismo sentido apuntó el abogado de los asambleístas jachalenses, Marcelo Arancibia: “Hace mucho que solicitamos esto. La medida es buena, pero tiene que ser implementada por organismos imparciales, sin vinculación con el controlado y el controlante, un Estado que ha tenido una actuación poco correcta”.

El juez Oritja explicó a PáginaI12 que dispuso primero “que los informes de las entidades que vienen monitoreando el río Jáchal depuren en un gráfico los metales que son de interés para la causa y presenten una serie con aquellas sustancias que pueden afectar a la salud de la población y que están relacionadas con la minera, para poder ver la evolución de esos metales en cada punto de muestreo y poder compararlos con la línea de base, y saber qué secuelas han quedado luego de los derrames”.

Además, continuó el juez, “solicité al Ministerio de Salud Pública la extracción de sangre a los pobladores, en toda las localidades al margen del río Blanco y el río Jáchal, para ver si se ha afectado la salud de esas comunidades. Pedí que se detalle si hay alguna intoxicación con metal y si esa intoxicación es de carácter crónica o aguda. Esa diferenciación nos va a dar el dato de si la presencia en la sangre fue paulatina o si ha sido en forma abrupta, es decir aguda, en un corto período”.

La búsqueda de rastros de mercurio, zinc, aluminio, cianuro, plomo, cromo, entre otros metales que pueden provenir de la minera se hará, según lo dispuesto por el juez, entre los pobladores de las localidades de Malimán, Malimán de Arriba, Chunguillo, Angualasto, paraje La Isla, Finca Buena Esperanza, La Represa y Dique Pachimoco.

Oritja también dispuso que se realice “una nueva evaluación del proyecto hidráulico y de la seguridad del sistema en el valle de lixiviación”, e informó que “la cautelar –que mantiene suspendida la actividad en la mina– sigue vigente hasta que no tenga un informe del Ministerio de Minería que diga que en el valle de lixiviación se han solucionado los problemas”.

Ayer a la mañana, el concejal Morales, quien había presentado el amparo vigente contra la minera luego del último derrame, solicitó una ampliación de las medidas dispuestas por Oritja.

(Fuente: noalamina.org y Página 12 )

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