El Bolsón, ensayo de lo que se viene en todo el país

Joe Lewis, el magnate amigo de Macri (Foto: lpo)

Disputas territoriales con grandes ganancias por parte de multinacionales ligadas a la minería, la agricultura y el turismo de lujo, signan el presente de la Patagonia argentina. Las asambleas ambientales denuncian abusos y connivencia del gran capital con el poder político. Una batalla por los recursos naturales.

La localidad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, se convirtió en un emblema nacional por la puja de tierras entre los vecinos y dos empresas multinacionales. Cushamen, un paraje recostado sobre la cordillera de los Andes en la provincia de Chubut enfrenta a una agrupación mapuche con una empresa por la posesión de tierras fiscales. La meseta central de la provincia está a punto de ser perforada por megamineras europeas en busca de plata y petróleo. En Neuquén, cinco asambleas de vecinos criollos y mapuches esperan la sentencia judicial que les otorgue la posesión de tierras en disputa con grandes empresas mineras y agrícolas. El punto en común de todos estos casos es la puja por la extensión de la frontera en términos industriales a favor de empresas mineras o agrícolas.

Sin embargo, el ejemplo de El Bolsón es en este momento el más claro de la alianza entre empresarios y poder político. El millonario británico Joseph Lewis se instaló en la zona en 1996 a partir de la compra de 12 mil hectáreas que incluían tierras y espejos de agua, como es el caso del Lago Escondido. Para lograrlo debió infringir en connivencia con las autoridades provinciales, la ley que convertía en Area Protegida la zona. Más tarde, en 1999, la ley fue modificada a favor de Lewis. Con todo, los vecinos reclamaron al gobierno provincial y a la justicia para obligar a Lewis a abrir un camino público hacia el lago que es área de reserva natural, patrimonio público y no propiedad privada. El británico desoyó los reclamos y construyó una mansión a la que fueron invitados los presidentes Fernando de la Rúa y hace pocos meses, Mauricio Macri, quien se declaró amigo de Lewis. Allí el británico abrió un establecimiento rural llamado Hidden Lake (Lago escondido, en inglés) que declara fines comerciales diversos: cria de ganado, negocios inmobiliarios en la zona, y turismo de lujo. Pese a que la justicia admitió en 2009 el reclamo de los vecinos, uno de los capataces de Lewis, Nicolás Van Ditman, aseguró que defendería la propiedad con armas si lo obligaran a habilitar el paso público hacia el lago. La anécdota sería mas propia de un pistolero de película clase B, si no fuera porque Lewis tiene la séptima fortuna del Reino Unido, y es uno de los principales accionistas de la empresa Pampa Energía, propietaria en mayoría de las acciones de la distribuidora de energía eléctrica Edenor. Según el presupuesto nacional votado para 2017 por el Parlamento, el Estado argentino le perdona mil doscientos millones de dólares a la empresa Edenor por multas percibidas durante los años del kirchnerismo. Lewis es además propietario de más de 150 empresas en todo el mundo cuyo epicentro se encuentra en las islas Bahamas donde el magnate pasa parte del año. Y espera seguir haciendo inversiones en Argentina a partir del nuevo gobierno encabezado por Macri.

Vía libre a las multinacionales.

La desregulación económica liberal implementada por el gobierno del empresario Mauricio Macri desde el primer día de su gestión tuvo en los decretos 349/2016, que elimina las retenciones impositivas a la minería, y el 1343/2016, cuyo fin no es sólo eliminar en dos años los impuestos a la producción agrícola ganadera si no “aumentar las superficies sembradas”. Ambos decretos llevan inevitablemente a la profundización de los conflictos en torno de la tierra y el medio ambiente en las zonas rurales.

En enero de 2016 la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) se reunió con los ministros de Agricultura, Ricardo Buryaile y de Justicia, Germán Garavano, para reclamarles la eliminación lisa y llana de la ley 26737, conocida como Ley de Tierras Rurales y sancionada por el Parlamento nacional en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández. Esa ley aceptaba un tope del 15 por ciento del territorio nacional en manos extranjeras y cada extranjero no podía superar las mil hectáreas de posesión.  En junio de 2016 el Ministerio de Justicia decidió modificar por decreto parte de esa ley “para permitir la llegada de inversiones extranjeras al campo argentino”, según palabras de Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del ministerio. Si bien no modificó los topes de tenencia permitió mediante algunas maniobras contables eludir algunos puntos centrales de la norma como la adquisición de tierras con grandes espejos de agua, a partir de eliminar los certificados de uso de las tierras y sus respectivos controles por parte de una autoridad nacional o provincial. Desde la Casa Rosada reconocieron que ese decreto es el primer paso para ir a fondo con una nueva ley más laxa. Esperan para eso la renovación parlamentaria de octubre en la que más allá de un triunfo electoral de Cambiemos, los diferentes legisladores electos responderán a las necesidades de sus gobernadores provinciales frente a la Casa Rosada. Un chantaje informal y legal, de acuerdo a la lógica macrista.

La CAIR logró otros avances en materia de negocios inmobiliarios. La conformación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, nacido con la ley de 2011, tiene ahora a los ministros de Justicia, Agricultura, Medio Ambiente e Interior, como los cuatro principales propulsores de los negocios con la tierra en zonas apetecibles para las multinacionales mineras, las agroquímicas y los fondos de inversión dispuestos a generar ganancias con empresas dedicadas a los granos y la alimentación en general. Son periódicas las reuniones entre la CAIR y el Consejo para evaluar los pedidos de tierras por parte de inversores extranjeros que ya llegaron al centenar en las provincias patagónicas, según informes de los ministerios de Economía y Agricultura.

Conflictos en todo el país.

Cushamen y en general todo el territorio de Chubut son desde diciembre de 2015, tierra en disputa abierta por las multinacionales ligadas a la minería, los emprendimientos inmobiliarios de lujo y la especulación financiera basada en proyectos de desarrollo ligados a energías limpias y renovables. Pese a que en 2014 las asambleas ambientales de Chubut consiguieron casi quince mil firmas para mejorar la ley 5001, antiminera en la provincia, el loby minero logró ingresar a la legislatura provincial y la ley votada dejó abierta la posibilidad de explotación a partir de consultas populares puntuales votadas para cada proyecto presentado por una empresa. Con la quita de impuestos a través de retenciones, en enero de 2016, la provincia recibió la visita de una docena de empresas interesadas en explotar minerales, pese a que sigue vigente la ley 5001 que lo prohíbe. El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, se entrevistó con las asambleas chubutenses y les advirtió que el negocio minero no va a detenerse y será mejor negociar antes que enfrentarse.

Como Lewis en El Bolsón, los hermanos Benetton son propietarios de casi 800 mil hectáreas en la Patagonia y específicamente en Cushamen, aseguran ser los titulares a través de la Compañía de Tierras del Sud. Puntualmente ese territorio no ostenta propietarios legales desde 1891, pocos años después que la tristemente célebre campaña del desierto, comandada por el general Julio Roca, liquidara la resistencia indígena y se apropiara de esa región en beneficio del Estado nacional.

Las denuncias de los pueblos originarios y vecinos nucleados en asambleas ambientales, acusan en sus demandas ante la justicia “la inacción de las autoridades políticas cuando no directamente su accionar a favor de grandes empresas”, según señaló un vecino de El Bolsón.  En febrero pasado unas diez mil personas marcharon por las calles de El Bolsón en reclamo por el avance sobre el espacio público de parte de la empresa Hidden Lake y la construcción obras de infraestructura provincial a su favor, mientras los ciudadanos comunes carecen de acceso al agua potable durante buena parte del año.

“Hace muchos años que Argentina es un territorio de disputa de las multinacionales por los recursos minerales, de agua potable y la explotación agricolo ganadera” destacó la socióloga Maristella Svampa. “Seguramente con este gobierno los conflicto se van a endurecer y las luchas por el territorio serán cotidianas en todo el país, cuando el modelo económico busca específicamente beneficiar al gran capital”, señaló. Las multinacionales llegan por la tierra y por el agua.

(Redacción PREGUNTAS)

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