107 asociaciones vecinales, ambientales, de Derechos Humanos y universitarios de toda la provincia de Santa Fe enviaron una carta al gobernador santafesino Miguel Lifschitz reclamando que no envíe a sesiones parlamentarias extraordinarias el proyecto que pretende modificar la ley de producto fitosanitarios, cuya autora es la diputada socialista Ines Bertero, su ex esposa.
El texto de la misiva al que PREGUNTAS tuvo acceso señala que “ Nos oponemos al proyecto presentado por la diputada Inés Bertero porque sólo contempla áreas de resguardo libre de fumigaciones con plaguicidas y productos químicos en una franja de es casos 200 mts y 100 mts cuando haya cortina forestal. Las zonas de resguardo de la salud pública alrededor de las ciudades, pueblos, escuelas rurales, campings, barrios cerrados, parques industriales deben contemplar como mínimo lo dispuesto en fallos ejemplares de la justicia provincial, como el conocido “Fallo San Jorge” que prohibió las aplicaciones con agrotóxicos a menos de 800mts de donde viven los vecinos debido a los impactos que los mismos producen en el medio ambiente y la salud.
Además, el “proyecto Bertero” contempla la continuidad de las fumigaciones aéreas, cuya deriva es incontrolable. Recordemos que el CONICET encontró restos de Atrazina y Endolzufan en la Antártida Argentina
Por otro lado, el “proyecto Bertero” es regresivo e inconstitucional (Art. 41 Constitución Nacional, Ley General del Ambiente 25675/02) porque no protege la salud de los santafecinos especialmente de aquellos que, por su lugar de residencia están más expuestos a las fumigaciones con agrotóxicos, teniendo en cuenta los efectos negativos que los mismos producen sobre la Salud Humana y el Ambiente. Recordemos, a título de ejemplo los 28 campamentos sanitarios realizados en pueblos de nuestra región, por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, los cuales indican el aumento de diversas patologías, como cáncer, pérdidas de embarazos, malformaciones, afecciones a la glándula tiroides y muchas más. Los mismos coinciden, con cientos de estudios científicos nacionales y extranjeros, que afirman la relación entre pesticidas y estas enfermedades. Más aún, ha sido demostrado que los mismos son disruptores endocrinos en el organismo humano, aún en concentraciones microscópicas, generando disfunciones con efectos irreversibles.
Asimismo la OMS haya recategorizó al glifosato y el 2,4D como “posibles cancerígenos”, y debemos tener en cuenta que en nuestra provincia estos herbicidas son los de mayor uso en los cultivos, debido a la dimensión que ha adquirido la agricultura extensiva, fundamentalmente de la soja.
Por otro lado la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de la Plata ha encontrado glifosato en las aguas del rio Paraná y sus afluentes y el uso excesivo de estos productos ha provocado accidentes, como en el año 2014, el derrame de 18000 lts de 2,4D en San José de la Esquina que derivaron en parte al Río Carcarañá”.
Por otra parte el diario El Litoral cubrió un evento organizado para el debate de la ley Bertero, en el auditorio de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, donde la legisladora, destacó que su proyecto perdería estado parlamentario en mayo, así que si el ejecutivo lo habilita podría estar tratándose en Senadores para su sanción definitiva. “Y esa es la idea de esta jornada, despejar dudas, y a mí me interesa destacar que partimos de lo que dice el texto de la actual ley, en cuanto que se lleva a 800 metros y dentro de esa distancia un área de exclusión de 100 o 200 metros según si existe cortina o no, donde estaría prohibida la aplicación, y hasta los 800 metros con un veedor”. Para Bertero, la ley actual contempla los 500 metros de prohibición para los productos de banda roja, y en caso de los de banda azul y verde la ley contempla desde la línea agronómica, sobre todo en las comunas que no tienen ordenanzas que lo regulen. “Creemos que estas sustancias deben ser aplicadas con los controles necesarios. También se define el concepto de inmediación, que es el área dentro de la deriva, que según los organismos técnicos (Agrónomos e INTA), en una aplicación realizada correctamente, no llega a más de 20 metros”.
(Fuente: diario El Litoral y carta de organizaciones sociales de Santa Fe)
