Pocesaron a dos fiscales por espionaje ilegal a las asambleas ciudadanas en Chubut

Foto tomada de Taringa
Foto tomada de Taringa

El fallo señala que tanto los policías como los magistrados mantuvieron “fluidos” contactos con un agente sin autorización judicial ni de las autoridades de la AFI. El informante proporcionó datos obtenidos de manera ilegal que resultaron útiles para las investigaciones sobre la toma de tierras de Leleque, el movimiento No A La Mina y el dirigente mapuche con pedido de extradición a Chile, Francisco Facundo Jones Huala.

El juez Federal de Esquel, Guido Sebastian Otranto, procesó sin prisión preventiva al comisario Adrián Alejandro Muñoz y al oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez, ambos de la Policía provincial, y al fiscal general de la Circunscripción Esquel del Poder Judicial de la Provincia de Chubut, Fernando Luis Rivarola, y a la fiscal jefe de esa dependencia del Ministerio Público de la provincia, María Bottini, “como autores del delito de haberse relacionado de manera prohibida por el artículo 15 bis de la ley N°25.520 con un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (artículo 43 bis de la ley 25520 y artículo 45 del Código Penal)”. El espía ya había sido procesado el 12 de abril por haber realizado tareas de inteligencia sin orden judicial en la ocupación territorial en Leleque. El impulso de la acción penal había sido presentado por la fiscal a cargo de la Fiscalía Federal de esa localidad chubutense, Silvina Ávila.

Según la resolución judicial -que además fija un embargo de $30.000 sobre los bienes y/o dinero de los acusados, “el 28 de mayo de 2015 por la mañana, en la Oficina Fiscal de Esquel tuvo lugar una reunión entre los fiscales Rivarola y Bottini y una persona que se identificó con una credencial de la Delegación Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia”. El juez Otranto reseño que durante ese encuentro el espía “manifestó que desde hacía más de un año se encontraba trabajando con el grupo mapuche que realizó la ocupación territorial y, pidiendo especial reserva por su carácter de agente de inteligencia, ofreció aportar información con potencial utilidad para la identificación de esas personas; siendo aceptada por los fiscales y descargada en ese mismo acto desde el disco externo del agente a la computadora del fiscal Rivarola”.

A su vez, el acervo digital generado de manera presuntamente ilegal fue entregado en junio de ese año en un pendrive a la defensora pública penal Paola Bagnato, “cuando solicitó copias del legajo fiscal con motivo de la realización de la audiencia de apertura de investigación y el 28 de agosto de 2015 tomó estado público cuando el defensor público civil Fernando Radziwilowski en una audiencia hizo referencia a su contenido al manifestar la realización de actividades de inteligencia vinculada a integrantes del movimiento No A La Mina”.

El procesamiento del espía

El 12 de abril de 2016, el juez Otranto procesó al agente de inteligencia “por considerarlo autor del delito previsto en los artículos 43 bis y ter de la ley N°25520” (de inteligencia nacional). El primero, según el fallo del titular del Juzgado Federal de Esquel, “establece el carácter delictivo de la actuación o relación entre integrantes de los organismos de inteligencia nacional y funcionarios o empleados públicos en torno a la realización de actividades de inteligencia, en tanto el vínculo no se hubiere entablado -o no hubiere sido autorizado expresamente- por alguna de las dos máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia”. El segundo, en tanto, “define como delito que los integrantes de alguno de los organismos de inteligencia nacionales realicen actividades de investigación criminal sin requerimiento judicial y obtengan, produzcan o almacenen información de personas a raíz de su adhesión o pertenencia a organizaciones sociales”.

Según consta en la causa, el espía “llegó a la región el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque y se involucró activamente en la investigación que estaba realizando la División de Investigaciones de Esquel de la Policía del Chubut”.

Otranto señaló también que no solamente se dedicó a recolectar información sobre el conflicto por la toma de tierras en una estancia propiedad de la multinacional Benetton en el paraje Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel por parte del Movimiento mapuche Puel Mapu de Cushamen. También, se involucró en la pesquisa encomendada a la misma División de la policía provincial “tendiente a dar con el paradero de Francisco Facundo Jones Huala a raíz de la solicitud de arresto provisorio con miras a extradición que había requerido por la República de Chile”. El juez indicó que “obtuvo y almacenó información respecto de 26 personas individualizadas por haberse manifestado en diferentes ámbitos en oposición al establecimiento de la actividad minera en la región o en apoyo a las reivindicaciones de pueblos originarios. También, fotografió a miembros del movimiento No A La Mina en una reunión ‘Casa Abierta’ que se realizó en Cholila el día siguiente a que comenzara la ocupación territorial en Leleque”.

Los policías y los fiscales

El 15 de junio del año pasado, la fiscal federal subrogante Silvina Ávila amplió la imputación solicitando se cite a prestar declaración indagatoria a los policías Muñoz y Rodríguez y a los fiscales Rivarola y Bottini. En su requerimiento, Ávila comparó la información obtenida ilegalmente “que el agente de inteligencia facilitó a los magistrados -guardada en la computadora del fiscal Rivarola- y entregó al oficial principal Rodríguez y al comisario Muñoz” y concluyó que “todos los funcionarios mantuvieron contacto e intercambio de información, sin autorización expresa, con el agente de inteligencia procesado”. El propio funcionario de la AFI les habría advertido -según la resolución de Otranto- que el cúmulo de videos, fotografías y referencias como la titularidad de líneas de telefonía celular sólo podía ser ingresado “formalmente a la causa por medio de un oficio judicial”.

De hecho, el fallo de Otranto detalla que Rodríguez mantuvo 42 comunicaciones entre el 12 de abril y el 2 de octubre con el espía que acumulan un total de 5 horas y 47 minutos de diálogo, en tanto que Muñoz habló 2 horas y 15 minutos durante 21 contactos telefónicos.

El juez considera probado que los datos aportados por el agente fueron utilizados “en la investigación de la ocupación de tierras de Leleque, plasmándose en una distinta percepción del hecho investigado”. De hecho, la toma era considerada una usurpación con violencia y pasó a ser calificada “como actos terroristas”.

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