¿Como se quedan con la tierra los ricos y extranjeros? Ultima nota

tierra-patagonicaEl negocio –subterráneo o no– alrededor de los lotes paradisíacos ha llegado a extremos feroces. El afán es colonizar propiedades que pueden alcanzar valores millonarios, por su ubicación geográfica estratégica y la oportunidad que ofrece detectar hábilmente lotes ociosos, abandonados por años. Para ello, los especuladores saben que necesitan información clave. Y paciencia.

Se han llegado a dirimir litigios por la tenencia mediante amenazas, amedrentamientos y golpes. Esta pugna involucró a adversarios más diversos: usucapientes seriales, inversores, ocupantes, pobladores originarios y especuladores inmobiliarios foráneos.

Uno de los casos más sorprendentes por sus características cinematográficas fue la cruenta disputa en 2008 de la Península San Pedro, por tierras valuadas en 20 millones de dólares en bruto, pero que –desarrolladas– pueden alcanzar los 100 millones. La península, de increíble belleza y espacios boscosos vírgenes, se sitúa a 20 kilómetros de la ciudad.

La historia comenzó hace más de 20 años cuando el propietario de uno de los lotes, Rafael Boné, inició un proceso de usucapión para obtener 40 hectáreas que pertenecían a Urbanizadora Parque Entre Lagos, pero que esta firma porteña dejó abandonadas por décadas.

A Boné (quien habría accedido a registros dominiales del lote pretendido en su condición de titular de la Junta Vecinal) la Justicia primero le asignó el reconocimiento de derechos, pero aparentemente sin la exigencia de mejoras ni ocupación efectiva. Tampoco el pago de impuestos atrasados como lote residencial.

Según consta en denuncias, Boné y sus empleados Contreras (padre e hijo) emprendieron una serie de actitudes hostiles hacia su vecino Juan Ymaz, pues éste vivía con su familia en un terreno enclavado en medio de las tierras pretendidas por Boné. Ymaz era por esa época presidente del Consejo de Seguridad de Bariloche y, previamente, titular de la cooperadora policial del sector. Como autoridad local, interpeló al fiscal Guillermo Lista por parsimoniosa acción frente a ocupaciones ilegales. También se enfrentó con jerárquicos de la Policía a quienes responsabilizó de hechos de corrupción.

Un día Boné vendió parte de los derechos a un empresario porteño: Jorge González Galé, quien tenía vínculos comerciales con el gremialista Hugo Moyano en la aseguradora Grupo Juncal. Un año más tarde, Boné y su socio Galé avanzaron en quemas y talas, que incluyeron la aplicación de glifosato para la limpieza de la zona. Ymaz los denunció y la secretaría de Medio ambiente frenó las fumigaciones. Como se entenderá, la relación Ymaz-Boné, que ya venía tirante, se convirtió en pésima.

Paralelamente, y para desdicha de Boné, irrumpió en escena otra dupla desarrolladora, que logró a precio conveniente ocho terrenos en la península que pertenecían a la misma Urbanizadora Parque Entre Lagos. Se trató del empresario chocolatero Diego Fenoglio y de Roberto Eiletz, socios en Gavenny Company SA, con domicilio en Uruguay. Esos terrenos incluían más de la mitad de la costa del loteo que pretendían Boné/Gale y fueron obtenidos en un controvertido remate de la dirección provincial de Rentas por deudas tributarias.

A Eiletz se lo conoció también por su vínculo con el financista Alejandro Gravier, esposo de la ex modelo Valeria Mazza, en una operación para adquirir 136 hectáreas en la ladera sur del cerro Otto, cuyo dueño era la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Esa propiedad tuvo como primer comprador a Alejandro Milhas, otro destacado hombre de negocios inmobiliarios que estuvo ligado al proyecto de desarrollo del cerro López y de un barrio privado en Ruta 40, entre otros.

Fenoglio/Eiletz comenzaron los trabajos de mensura y alambrado de los ocho lotes de Península San Pedro, mientras Boné/Galé realizaban desmontes y pulverizaciones con glifosato (curiosamente avalados por el Servicio Forestal Andino).

La beligerancia entre las partes adquirió cada día ribetes más dramáticos. Postes que eran colocados terminaban destruidos por la otra parte, lo cual originó denuncias por apremios del jefe de agrimensores de Fenoglio. El hombre incluso habló de connivencia entre Boné y el ex jefe de la Comisaría 55 del lugar. Las amenazas continuaron, hasta que la dupla de Gavenny contrató a la guardia de seguridad del coqueto barrio privado Arelauquen.

En noviembre de 2009, mientras los agrimensores realizaban tareas se presentaron los hombres de Boné. Se enfrentaron los dos bandos. Los miembros de la guardia contratada por Fenoglio terminaron reduciendo a los primeros (desarmándolos y maniatándolos).

Este incidente originó una denuncia penal por “secuestros y torturas” por parte de los Contreras, empleados de Boné.

Pero al ampliar la denuncia, incluyeron al vecino Ymaz, que nada tuvo que ver con el incidente. Aseguraron que escucharon y reconocieron su voz, que estaba junto los guardias de Arelauquen con el rostro tapado con pasamontañas, y lo señalaron como autor de patadas en la cabeza a Joel Contreras. Con tales elementos el fiscal Lista dispuso su detención.

A Ymaz le pareció evidente que todos se quisieron cobrar alguna factura: Boné/Galé por la denuncia del glifosato; el fiscal por haber sido interpelado alguna vez por Ymaz, y los policías (de paso) por las denuncias de corrupción.

Finalmente, la Justicia comprobó en un juicio que las torturas habían sido una invención, que a Ymaz lo involucraron falsamente –por lo cual fue sobreseído– y los Contreras resultaron condenados a dos y un año de prisión, respectivamente, por falso testimonio agravado.

En tanto, en 2014 los guardias de Arelauquen fueron a juicio por secuestro y torturas y se llegó a un acuerdo de probation.

El violento episodio fue útil para que la Justicia se pusiera a investigar los procesos de usucapión que originaron las disputas. En 2012, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial declaró nulo el trámite que realizó Boné y que había tenido el aval del juez civil Jorge Serra doce años antes. Dispuso que los lotes volvieran a la SRL que los había adquirido en la década de los ‘50 (Urbanizadora Parque Entre lagos). Esta sociedad ni siquiera registraba sus tierras, pero la exposición pública hizo que las reclamara a través de uno de sus representantes, el economista Carlos Winograd.

Esta Cámara también puso freno a la adquisición de terrenos por parte de Gavenny, la sociedad de Fenoglio/Eiletz. Declaró nula la ejecución realizada por los ocho lotes y ordenó reiterar en debida forma la intimación de pagos por impuestos no pagados a la provincia.

Más riñas en la vecindad

Península San Pedro, inmensa extensión de frondosos bosques, fue escenario de otros episodios tensos, como el reciente intento de desalojo de la familia Lachica ordenado por la Justicia. Estos moradores aseguran que llevan 20 años viviendo en la península cultivando plantas, denuncian que un vecino –que exhibe escritura– “se hizo de la propiedad” en colaboración con una inmobiliaria y que reciben intimidaciones, “visitas de patota armada” y destrozos.

Años atrás y cerca de allí eran frecuentes las amenazas, golpes y, apedreo de casas. Las sufrieron, por ejemplo, vecinalistas del barrio Don Bosco a manos de usurpadores y María Huelchupan y sus familiares en el barrio Don Orione, km 20 de avenida Bustillo.

La práctica consistía en avanzar con punteros o matones sobre tierras ocupadas y con impuestos impagos (unos 15 terrenos en inmediaciones de Villa Campanario y el Club de Regatas), y agredir a golpes a las familias ocupantes.

Los “gauchos” del Taca

Algo similar ocurrió en Villa Lago Gutiérrez, donde vecinos catalogados de okupas denunciaron la acción de fuerzas de choque contratadas por inmobiliarias para defender las propiedades. Estaban en juego unos 160 lotes.

Precisaban que era habitual hace unos dos años la presencia de “gauchos munidos de facones”, a veces acompañados de policías, que merodeaban por las casas custodiando los bienes.

Al frente de esos “gauchos” se lo solía ver a Alejandro “Taca” Nahuelquín, un hombre con antecedente delictivo que hoy es funcionario de Alberto Weretilneck: director de Políticas Sociales de Río Negro, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. El gobernador lo designó luego de que “Taca” interviniera en el traslado de diez familias que ocuparon un predio entre los barrios 400 Viviendas y El Frutillar y les procuró alojamiento y comida.

Años antes, “Taca” había recibido una condena de dos años de prisión en suspenso por su participación en un robo de la “banda del soplete”.

Hay material grabado donde se lo observa a Nahuelquín en una acción de “custodia” de una casa en un terreno tomado. “Si tengo mala leche, te la prendo fuego y listo”, les dice en el video a uno de los ocupantes. Al día siguiente, la casa habría aparecido incendiada.

El juez civil Jorge Serra fue quien le reconoció a Rafael Boné derechos sobre 200 lotes y 9 parcelas, pese a que no había demostrado actos posesorios efectivos.
(Nota de Italo Pisani – Diario Río Negro / http://www.rionegro.com.ar)
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