La Patagonia rebelde y la demonización de la resistencia

Ofensiva minera multinacional con apoyo de Macri

La demonización de las comunidades mapuches se da en momentos de una fuerte ofensiva del gobierno nacional sobre los recursos naturales de la región patagónica a favor de grupos multinacionales y apretando a los gobernadores de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz con argumentos que van desde recortes presupuestarios hasta la marginación en el menú ofrecido a inversores externos y organismos internacionales de crédito. Semejante plan necesita además para parecer verosímil, la actuación de una justicia dócil y una sobreactuación de las fuerzas de seguridad.

(Foto: noalamina.org)
(Foto: noalamina.org)

El presidente Mauricio Macri y su ministro de Educación, Esteban Bullrich firmaron el decreto 50/17 el pasado viernes 20 de enero, mediante el cual prorrogan por un año más la emergencia en seguridad que su vez establecieron por decreto 228/2016 el 21 de enero de 2016. Los argumentos expuestos para justificar la medida hacen foco en la necesidad de combatir el narcotráfico, aunque entre los logros expuestos para justificar otro año de emergencia, aparece la necesidad de consolidar el Plan Federal de Comunicaciones, para unificar la información entre policiales provinciales, federales y departamentos judiciales para combatir “el delito complejo y el crimen organizado”, según el flamante decreto.

Una semana antes, el 13 de enero, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, aliado del ex candidato presidencial Sergio Massa aseguró que en la zona cordillerana de Cushamen “opera un grupo de violentos que no respeta la ley”. Su ministro de Gobierno, Pablo Durán fue más explícito y calificó a la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) de “grupo de terroristas, delincuentes”.  El referente de la RAM es el joven mapuche Facundo Jones Huala, hoy escondido en algún lugar de la estepa chubutense, cerca de la cordillera, perseguido por el gobernador Das Neves y la justicia chilena que pretende su extradición por daños contra la propiedad en la región de Valdivia. “Es un guerrillero”, terminó por definirlo el mandatario provincial hace unos días después de que su policía desalojara a los mapuches de la localidad de Cushamen de las vías del tren llamado La Trochita, cerca de la localidad de Esquel. Habían cortado el paso del tren a mediados de diciembre pasado en reclamo de reabrir las negociaciones por sus tierras ocupadas por el magnate italiano Benetton desde los años noventa cuando compró casi 900 mil hectáreas de tierras en la zona, pese a que la ley nacional 26737 impide a cualquier extranjero poseer mas de mil hectáreas rurales en cualquier punto del país.

En la madrugada del 12 de enero pasado la “policía y la Gendarmería” entraron a la comunidad mapuche para desalojarlos con gases, disparos de armas de fuego y palos. Repartieron golpes entre hombres, mujeres y niños hasta lesionar a tres mapuches y detener a otros once. El corte de La Trochita no es el primero pero sólo se hizo público a nivel nacional  por la feroz represión. Tampoco las negociaciones son las primeras. Llevan siglos pero desde el punto de vista legal puede situarse el último mojón en la sanción de la ley 26160 de 2006 que suspendía por cuatro años los desalojos de comunidades originarias de las tierras que reclamaban. La norma fue renovada dos veces por el Congreso y la nueva fecha de vencimiento caduca el 23 de noviembre de 2017. Sin embargo la llegada al poder del macrismo aceleró los tiempos de facto y por sobre la legalidad republicana.

Chubut, botín preciado

La historia no es nueva. A mediados de 2015 –aún bajo el gobierno nacional de Cristina Fernández- fue denunciado por asambleas ciudadanas de la cordillera chubutense, periodistas locales y agrupaciones mapuches, un esquema de espionaje ilegal sobre todos ellos montado con la cobertura de fiscales provinciales y organizado por un agente de inteligencia destinado en la ciudad costera de Trelew. La red de espionaje buscaba entregar información a la policía provincial y a la Gendarmería sobre los movimientos ciudadanos opuestos a la megaminería y a las comunidades mapuches que reclamaban tierras ancestrales. El gobierno nacional se desligó del asunto y se inició una causa en la justicia federal de Chubut a cargo del juez Guido Otranto.

Esquel es la ciudad precursora en la lucha contra la megaminería porque el 23 de marzo de 2003 mediante un plebiscito, el 81 por ciento de los habitantes de esa pequeña ciudad chubutense a orillas de la cordillera de los Andes, se negó a la instalación de emprendimientos mineros en el departamento. Desde entonces se convirtió en símbolo nacional y regional de la lucha contra la minería y en general de comunidad organizad y participativa. Se celebran encuentros nacionales de luchan antiminera y la asamblea local tiene una fuerte presencia en eventos similares en todo el país. Los sucesivos gobiernos provinciales y municipales intentaron buscarle la le vuelta para ingresar iniciativas empresarias mineras, pero todavía no lo lograron.

En el mismo 2015 la legislatura provincial trató un proyecto de ley para convertir a la provincia en territorio libre de actividad minera, fruto de la juntada de firmas en toda la provincia, según lo admite la propia Constitución chubutense. La provincia ya contaba con reparos legales a esa actividad extractiva fruto de varios años de lucha legislativa de los asambleístas. Pero el día de la sanción el diablo metió la cola y el proyecto quedó desvirtuado hasta convertirse en una ley que admite la actividad minera con determinados estándares de control. Según los asambleístas que protestaron enérgicamente, se colaron coimas de empresas petroleras y mineras distribuidas entre legisladores kirchneristas, macristas y radicales.

Con esa puerta abierta, ganó las elecciones a la gobernación el caudillo Mario Das Neves en diciembre de 2015. Su ministro Coordinador de Gabinete, Victor Cisterna, aseguró en octubre pasado que Das Neves va a impulsar un plebiscito el mismo día de las elecciones parlamentarias de medio término en octubre próximo para “saber que quieren los chubutenses en cuestiones mineras”. El mandatario cercano a Sergio Massa, la variante prolija del macrismo como recambio en el poder, ya recibió las visitas del presidente Macri para inaugurar las sesiones parlamentarias provinciales este año, y del ministro de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman. El religioso se reunió además con los ambientalistas y les advirtió que serían escuchados en sus reclamos pero la actividad minera es irreversible en la provincia en los próximos años. Un poco más sigiloso el ministro del Interior, Rogelio Frigerio (nieto) se reunió con Das Neves para hablar de recursos federales del Tesoro nacional y cuestiones impositivas y el pedido fue “afinar el lápiz para hacer los deberes tal como lo pidió el Presidente a los gobernadores” según fuentes cercanas  Das Neves. En un encuentro con el otrora ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, se discutió la forma en que Chubut sería presentada en un menú de opciones de inversión ante empresarios internacionales.

Lo que viene.

La sobreactuación de Das Neves llamando “guerrilleros y terroristas” a los mapuches de la RAM de Cushamen, encabezados por Facundo Jones Huala, es un arma de doble filo. No solo avala a la operación de espionaje ilegal si no que convoca al Ministerio de Seguridad nacional encabezado por Patricia Bullrich a implementar la ley antiterrorista en la provincia, una norma que a semejanza del Plan Conintes ( Conmoción Interna del Estado) del gobierno de Arturo Frondizi en 1959, sirve también para disciplinar a las fuerza sociales en reclamo de sus derechos frente al avance empresarial minero y petrolero.

A cierre de esta edición de BRECHA, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta –defensora de Facundo Jones Huala y de la dirigente jujeña Milagro Sala- viajaba a Cushamen para interiorizarse de la situación de las familias agredidas por la policía provincial y Gendermería el pasado 12 de enero y de la marcha de la investigación judicial por la red de espionaje ilegal. Pese a que la entonces presidente Cristina Fernández pidió disculpas a los afectados, el macrismo reivindicó la búsqueda ilegal de información como forma de prevenir agresiones y usurpaciones a la propiedad privada.

La avanzada del gobierno nacional se inició con la eliminación de las retenciones impositivas a las mineras y a las petroleras en enero de 2016 y la puesta a disposición de empresas multinacionales por parte del ministro de Trabajo, Jorge Triaca hijo. “Estamos dispuestos a trabajar con los empresarios para mejorar las inversiones en el país”, declaró Triaca apenas asumió. Ya son 18 las empresas mineras que ratificaron su decisión de seguir en el país y anunciaron nuevos desembarcos otras ocho de origen chino, canadiense, norteamericano y japonés, a lo largo de toda la cordillera andina, desde Jujuy hasta Santa Cruz.

En la llanura chubutense existen, según exploraciones de empresas mineras, yacimientos de plomo y plata y allí apuntan sus intereses la empresa Pan American Silver y otros grupos multinacionales que ya se reunieron con Macri. “Vienen miles de millones de pesos en inversiones” aseguró a la prensa el mandatario nacional en octubre pasado.  En Santa Cruz, donde tiene picos de culminante belleza el recorrido turístico de la Ruta Nacional 40 que incluye los glaciares  parques nacionales protegidos, la empresa británica Patagonia Gold anunció que haciendo uso de un permiso otorgado por el estado hace quince años, empezará con los trabajos de cateo para detectar oro y plata al costado de la Ruta 40 en el tramo cercano a El Calafate. “Si encontramos minerales y evaluamos sus beneficios de explotación iniciaremos la explotación del yacimiento” anunció la empresa propietaria del emprendimiento La Paloma que ya está agotando sus recursos de oro. Por eso van por mas, ahora, ya sin retenciones y con un gobierno nacional favorable.

Carguen contra los mapuches.

En Neuquén y Río Negro el panorama es similar tanto frente a las mineras como con los reclamos de comunidades mapuches por sus tierras ancestrales. Según un relevamiento de conflictos en 2015 en la zona hay 60 causas judiciales en Neuquén y 80 e n Río Negro con un total de 312 mapuches imputados por daños a la propiedad y usurpación de tierras. El reciente caso del empresario y magnate británico Joe Lewis, defendido por su amigo Mauricio Macri, es emblemático y cuasi bizarro al punto que una senadora cercana al oficialismo nacional, Magdalena Odarda criticó al Presidente.

Lewis es un personaje multimillonario que reparte sus horas entre Londres, El Bolsón (Río Negro) y visitas esporádicas a paraísos fiscales europeos y centroamericanos donde guarda las ganancias del entramado de sus empresas que van desde la producción a la especulación financiera, asociado a otros grupos igualmente intrincados. En El Bolsón se quedó con miles de hectáreas donde construyó su mansión a orillas del Lago Escondido al punto de haberlo privatizado sin dejar que ese espacio históricamente público pueda ser observado libremente. Cerró todos los pasos al lago y solamente habilitó una picada en medio de la naturaleza agreste a la que se puede llegar solamente a caballo después de seis horas de caminata. “No entiendo cual es el problema con Lewis, un empresario amigo con quien no tengo negocios comunes, pero que da trabajo a mucha gente. Siempre se lo quiere atacar”, dijo enojado Macri, tras el reclamo de diez mil personas manifestadas en las afueras de Bariloche hace dos semanas, reclamando la libre circulación y acceso al lago. Las comunidades mapuches también fueron parte de la manifestación. Motivas les sobran. En 2011 reclamaron el acceso al lago y a parte de las tierras ocupadas por el magnate y fueron reprimidos por la policía a instancias del capataz de Lewis. “Vamos a defender esta propiedad con sangre si es necesario”, bramó el capataz Nicolás Van Dittmar, escopeta en mano cuando la justicia provincial le reclamó el acceso público al lago. Van Dittmar está entre quienes amenazaron a la legisladora Odarda y el juez Victor Sodero Nievas por reclamar contra el magnate.

Las asambleas ciudadanas denuncian la cercanía del intendente de El Bolsón y del propio gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, con el magnate Lewis, aunque desde diciembre de 2015 no sólo los gobernadores patagónicos e intendentes se muestran dóciles con los empresarios asentados en la región. Los medios de prensa locales y los nacionales como Clarín y La Nación, no cesan en su campaña de considerar fuera de la legalidad a los pueblos originarios y las asambleas de vecinos en lucha por preservar el medio ambiente. La justicia provincial y nacional también dio muestras de lentitud para laudar en casos de litigios territoriales, teniendo en cuenta la aún vigente ley 26160, por lo menos hasta noviembre próximo. La renovación por un año de la emergencia en seguridad con el visto bueno de Patricia Bullrich, no augura un buen pronóstico para la resolución de estas cuestiones. Por ahora solo un fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional mantiene una tensa calma. En 2014 decidió que no podían considerarse los reclamos territoriales de pueblos originarios como actos de terrorismo. Es el único dique de contención firmado por el presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti y los jueces Elena Highton de Nolasco y Jorge Maqueda. Aunque el presidente Macri considera a Lorenzetti un amigo.

(Por Fabián Kovacic / Redacción PREGUNTAS)

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