Era Macri. Un año de Cambiemos en el poder. Opinan Claudio Lozano y Horacio Verbitsky

Desempleo, inflación, endeudamieto y horizonte de crisis social son el resumen de apenas un año de gobierno macrista. Y faltan tres años más.

Macri ofreciendo su poder a los amigos
Macri ofreciendo su poder a los amigos

Apenas un año de gobierno le alcanzó al empresario Mauricio Macri y su gobierno de gerentes, para desarticular los restos de un Estado de bienestar emparchado por doce años de kirchnerismo. Aumento de deuda pública como en tiempos de la dictadura militar, avance sobre conquistas laborales de medio siglo, intentos por minar los logros judiciales en materia de derechos humanos e índices de pobreza y desempleo similares a los del año 2001, cuando el país cayó.

Economía.

En un año de gestión la administración nacional volvió a endeudarse a niveles similares a los de la dictadura militar, no pudo frenar la inflación, bajar el desempleo ni atraer inversiones, tal como Macri batió el parche durante la campaña electoral. El área económica quedó loteada en la interna gubernamental entre tres referentes. El Presidente quedó a cargo de las relaciones con empresas extranjeras en busca de lograr inversiones; mientras el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay mantiene el frente económico externo vinculado especialmente a las relaciones con organismos multilaterales y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, le disputa el manejo de la cuestión monetaria con el sistema financiero.

El resultado fue una transferencia de recursos a los sectores mas concentrados de la economía, en especial las multinacionales ligadas a la industria agropecuaria y la minería trasnacional, a partir de la quita total –en algunos casos, parcial en otros- de retenciones (impuestos) lo que representó para el tesoro nacional una pérdida de recaudación anual cercana a los 60 mil millones de pesos por el agro y otros 3300 millones de pesos por la actividad minera, dos ejemplos de extractivismo cuestionados al gobierno anterior, terreno en el que Macri dobla la apuesta.

“El gobierno ya elevó la deuda pública a 250 mil millones de dólares y permitió que 375 mil millones de dólares de argentinos, entre particulares y empresas, se mantengan fuera del territorio nacional, en paraísos fiscales la mayoría de ellos. Así no hay país que funcione”, enfatiza el economista Claudio Lozano, ex diputado nacional y referente de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA Autónoma).

El pago a los llamados fondos buitres o hold outs, los restos de acreedores que quedaron desde la quita de deuda forzada por el ex presidente Nèstor Kirchner en 2005, alcanzó los 9352 millones de dólares, arreglo que el ministro Prat Gay calificó de exitoso aunque la propia prensa financiera nacional considerara el “arreglo más caro desde la salida del default”. Ese fue el puntapié inicial del endeudamiento macrista rubricado el 31 de marzo.

“El enfoque de la política económica del gobierno está puesta básicamente en los intereses de los bancos y las empresas extranjeras”, resume Lozano. “Para eso creó una situación de estancamiento a partir de la recesión que se venía dando con un modelo económico kirchnerista agotado”, acota Lozano. Las cámaras que nuclean a industriales, comerciantes y productores rurales pequeños y medianos denunciaron en febrero pasado las duras perspectivas a las que iban a enfrentarse con las medidas económicas propuestas por el Gobierno. “No existe un campo único como no existe ninguna sector mediano y pequeño que no requiera políticas segmentadas para poder desarrollarse y la propuesta de Macri solamente favorece a los grandes grupos económicos a partir de la liberación de dólar y la apertura indiscriminada de las importaciones”, señala Omar Príncipe, titular de la Federación Agraria Argentina (Faa), el sector rural más afectado por las políticas oficiales. Según la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) el 20 por ciento de empresas de ese sector que provee el 70 por ciento del empleo nacional “debió cerrar sus puertas o bajó su producción a niveles insostenibles en el mediano plazo” en apenas un años de macrismo. La raíz de la crisis tiene dos patas: la suba de casi 400 por ciento de los impuestos por servicios públicos (gas, energía eléctrica, agua y teléfono) cuyo impacto en la industria y el comercio se verificó de inmediato, y el aumento de precios en los insumos de materia prima junto con la apertura de importaciones en sectores sensibles como el textil, zapatos y las autopartes, entre otros.

Para Lozano “la recesión impuesta por el Gobierno es la forma que eligió para domesticar los precios y los salarios. No utiliza un ajuste ortodoxo porque en un país donde el salario mínimo ronda los 10 mil pesos (600 dólares) y el 60 por ciento de los trabajadores gana menos de esa cifra, el modelo cierra con este tipo de medidas”.

¿Qué se puede esperar para 2017 cuando se realicen las elecciones legislativas de medio término? “El Gobierno apuesta a una reactivación del consumo y al crecimiento de la obra pública y con eso tratar de lograr un resultado electoral que le permita sobrevivir”, señala Lozano. “El problema sigue siendo el mismo y acrecentado: la fórmula de Macri es más endeudamiento a favor de los sectores concentrados de la economía y en especial de los grupos financieros amigos del Gobierno”.

Oposición golpeada.

Los decretos de necesidad urgencia (DNU) sirvieron al macrismo para golpear primero. Eliminó de un plumazo y con desprolijidad la ley de Medios para devolver a los grupos concentrados de comunicación el millonario negocio del entretenimiento a cambio  de apoyo desde sus medios con las primeras medidas de ajuste brutal que incluyó incremento de tarifas de servicios y despidos masivos de empleados públicos. Pese a los primeros reclamos opositores Macri y sus gerentes lograron avanzar en la desarticulación de algunas medidas sociales y económicas.

Con la salida del gobierno del kirchnerismo, el Frente para la Victoria (FPV) fundado por Néstor Kirchner, estalló en mil pedazos y en el Parlamento quedó como una fuerza desmembrada a partir de la salida de legisladores K cuyas provincias cambiaron de signo político. Así el núcleo duro K en Diputados y Senadores cuenta como minoría con apoyos condicionados y volátiles. Creció así la figura del diputado Sergio Massa, derrotado por Macri en las primarias pero complemento por derecha de varias de las medidas económicas tomadas por la Casa Rosada. A largo plazo son varios los aliados de Massa que lo ven como un recambio peronista del macrismo, a cambio de que el kirchnerismo no vuelva a resurgir en el 2019.

Por ahora y hasta el 1ª de marzo próximo, la alianza Cambiemos goza de la luna de miel que le permite negociar con los bloques de partidos provinciales para obtener las leyes necesarias al modelo de ajuste neoliberal en curso. La Unión Cívica Radical (UCR) su principal aliado y sostén nacional especula con ganar terreno en la interna y amaga con presentar candidatos propios en las legislativas del próximo año, lo que abriría una dura interna en la alianza de gobierno.

Relaciones exteriores.

Si Macri se cargó al hombro la relaciones con las multinacionales en busca de inversiones, a la canciller Susana Malcorra le tocó en suerte lidiar con los organismos internacionales y el resto del mundo. Frustrada candidata a secretaria general de a ONU para reemplazar a Ban Ki Moon, Malcorra debió fungir de lenguaraz en varias ocasiones para salvar las papas del fuego al Presidente. Con sutileza debió mostrar cara póker en el conflicto venezolano, mientras Macri reclamaba la expulsión del país del Mercosur y la libertad del opositor Leopoldo López.

El alineamiento automático con el Estados Unidos de Barack Obama quien visitó Buenos Aires el 24 de marzo pasado, llevó a Macri a arrojarse de cabeza a un acuerdo con la Alianza del Pacífico (integrada por Chile, Colombia, Perú y México). El triunfo de Donald Trump lo dejó mal parado y fu otra vez Malcorra quien debió anunciar que “todo se negociará a su debido tiempo” y “buscaremos el mejor acuerdo posible con la nueva administración norteamericana, pese a que veíamos con buenos ojos a la candidata demócrata”.

La cercanía ideológica regional con Michel Temer (Brasil), Horacio Cartés (Paraguay) y Pedro Kuczinsky (Perú), y el llamativo acercamiento amistoso con Tabaré Vázquez (Uruguay) llevó al Gobierno a anteponer de palabra los acuerdos comerciales bilaterales antes que los acuerdos del bloque Mercosur, que por ahora le resulta más problemático que amigable.

Derechos humanos.

Pese al reconocimiento internacional obtenido a partir de las políticas públicas implementadas en materia de derechos humanos durante los últimos treinta años y en especial los logros alcanzados desde 2004, el macrismo inició la desarticulación de esa área lentamente pero sin pausa. “Macri llegó con el discurso del curro de los derechos humanos y considera el 24 de marzo como una fecha para feriados turísticos, pero eso nunca fue así”, asegura a Brecha el titular del CELS, Horacio Verbitsky. “Hay un intento de retroceder en materia de juicios por delitos de lesa humanidad, el gobierno avala los arrestos domiciliarios de los militare y civiles condenados por esos delitos, retacea colaboración a la justicia para integrar tribunales, en las provincias, ha desarticulado programas en esa área y bajó el presupuesto en la Secretaría de Derechos Humanos, pero no pueden dar marcha atrás”, señala Verbitsky. “Hay una lucha de años de os organismos de Derechos Humanos que caló hondo en la sociedad y contra eso no pueden pero siguen intentando”, agrega Verbitsky.

El caso emblemático en el tema Derechos Humanos es la detención de la dirigente social jujeña Milagro Sala, referente de la agrupación Tupac Amaru, detenida desde el 16 de enero. Los reclamos de la ONU y la OEA no fueron escuchados y la visita en enero próximo de una comisión veedora pondría a la gestión de Macri en apuros por no cumplir con los tratados internacionales incorporados desde 1994 a la Constitución nacional. “Es la primera vez que la Argentina desoye un llamado de atención de las Naciones Unidas y no cumple con sus recomendaciones”, señala Verbitsky. Sala está enfrentada desde hace años con el nuevo gobernador jujeño Gerardo Morales. Al asumir el mando en diciembre pasado, Morales envió a la legislatura un paquete de leyes para modificar el poder judicial y los mismos legisladores que votaron las leyes asumieron días mas tarde como ministros del Superior Tribunal de Justicia para avalar la detención de Sala. La irregularidad, además radica en que fue detenida por un delito excarcelable y mantenida en prisión por otras acusaciones. El capricho del gobernador le cuesta caro al gobierno de Macri que ya tiene disidentes en sus propias filas (ver BRECHA num. 1619)

Otras dos áreas sensibles resultan la violencia de género que se cobra la vida de una mujer cada treinta horas en todo el país desde 2014 y el histórico hacinamiento en las cárceles, tema pendiente desde la vuelta de la democracia. “Pese a las manifestaciones callejeras masivas con marchas como las del colectivo NiUnaMenos, al gobierno no le importa demasiado la violencia contra la mujer, porque apenas asumió, Macri recortó presupuestos y programas en esa área, de modo que no hay avances. En cuanto al sistema carcelario es una deuda pendiente de la democracia pero que tampoco interesa al macrismo como cuestión nacional. El sistema penitenciario federal sigue padeciendo parches con políticas erráticas, pese a las recomendaciones de las comisiones de Naciones Unidas que visitaron el país en los últimos años. Apenas se logró un reconocimiento de parte de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal al plantear que la situación carcelaria en la provincia es grave, pero sin plantear ninguna solución ni sugerir ninguna medida concreta desde su gestión”, resalta Verbitsky.

Las organizaciones de mujeres volvieron a reclamar el tratamiento en el Parlamento de la cuestión del aborto. Hasta 2015 había seis proyectos que pasaron sin pena ni gloria con la férrea amenaza de Cristina Fernández de aplica el veto presidencial si alguno de ellos se convertía en ley. El macrismo apunta a un panorama similar bajo la mirada atenta del Papa Francisco que desde el Vaticano sigue de cerca la cuestión. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Argentina mantiene la cifra de 500 mil abortos clandestinos anuales desde 1985 y las campañas no logran disminuir esa cifra. La Campaña Nacional por el Aborto Legal, seguro y gratuito conformada por 300 organizaciones sociales no logra superar el apoyo de apenas 70 legisladores y evitar con la ley la muerte de más de cien mujeres anualmente sin acceso a condiciones seguras de interrumpir el embarazo no deseado.

Empleo y derechos sociales.

En sólo seis meses de gobierno macrista se sumaron casi dos millones de pobres, el desempleo alcanzó el 9,3 por ciento y la inflación anual se mantiene en el 23 por ciento que dejó el kirchnerismo. “Cambiemos no logró cumplir ninguna de sus promesas de campaña, a partir de esos números preocupantes de desempleo e inflación. Y el panorama no parece mejor para el año próximo teniendo en cuenta que el Gobierno pretende mantenerse en la misma senda de endeudamiento”, asegura Caudio Lozano. “La conflictividad social no se manifestó en vano”, acota.

Las primeras miradas tras la asunción de Macri y su gabinete de gerentes de multinacionales, se posaron sobre la dirigencia sindical. Los capos de la Confederación General del Trabajo (CGT) mostraron rápidamente que buscaban un acercamiento con el Gobierno, mientras la CTA dividida durante el kirchnerismo, cruzó de vereda y mostró intenciones de recuperar la unidad. Con la salida de Hugo Moyano como secretario general de la CGT, asumió el triunvirato integrado por Héctor Daer, Juan Caros Schmidt y Carlos Acuña, los tres con aceitados vínculos con la burocracia saliente. Solo el acto del 1ª de Mayo, mostró un intento de unidad entre CGT y CTA, cuya evanescencia quedo demostrada con las negociaciones por las paritarias salariales y el pago de un bono de fin de año de 2 mil pesos (300 dólares). “Los despidos en el sector público entre diciembre y enero y los despidos generados en el sector privado por el tarifazo, demuestran que vienen por todo”, aseguró Pablo Micheli de la CTA Autónoma. Las dos CTA esperan nuevos avances del Gobierno para quebrar derechos consagrados desde los años del primer peronismo en materia laboral. Lozano, Micheli y Hugo Yasky, secretario general de la CTA Nacional, coinciden en que Macri “no se dio por vencido y va a seguir trabajando para una reforma laboral que despoje de sus conquistas a los trabajadores”, según Lozano. El 2017 será un año bisagra en ese sentido “y la demostración cabal es que desde febrero pasado la sociedad demostró que no está dispuesta a perder sus conquistas sociales y laborales. Fue un año con mucha conflictividad social y seguirá así el año próximo”, vaticina a BRECHA Lozano.

Lejos de un país sereno, según el relato macrista, Argentina experimenta la salida brutal de un modelo con contención social hacia una economía de mercado donde según el liberalismo clásico, cercano al maltusianismo, sólo ganan los más fuertes. La cuerda empieza a tensarse.

(Por Fabián Kovacic – Corresponsal del semanario BRECHA / Uruguay)

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