9 de agosto. Día Internacional de los Pueblos Indígenas

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(Foto: Bruno Cerimele / AI)

Este año, la jornada está dedicada al derecho a la educación, derecho protegido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 14 dispone que «Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje»

En el caso de Argentina, existe una enorme distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión.
En 2015 Amnistía Internacional relevó más de 183 casos en los cuales los pueblos originarios denuncian una violación a sus derechos humanos, que dan cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven. Este es sólo un número representativo de casos en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos (derecho a la tierra y territorio; derecho a la consulta previa y consentimiento libre, previo e informado; derecho a la igualdad y no discriminación; acceso a la justicia, entre otros) Gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo –entre otras–), jueces y fiscales desoyen las normativas vigentes.

Amnistía Internacional condena la represión y toma de represalias contra quienes defienden o lideran la defensa de los derechos civiles de los indígenas y sus familias, entre ellos su territorio.
En Argentina, la lucha de los pueblos originarios por su territorio se cobró la vida de numerosos líderes indígenas. Javier Chocobar –miembro del pueblo diaguita e integrante de la comunidad de Chuschagasta– fue asesinado a tiros en 2009 cuando se encontraba junto con otros comuneros defendiendo pacíficamente su territorio contra un terrateniente que aducía ser dueño del lugar. Aunque se presentaron cargos contra tres personas por su muerte, su asesinato permanece impune. El próximo 12 de octubre se cumplen 7 años de su muerte y la causa aún no ha llegado a juicio oral.
La arraigada discriminación contra los pueblos indígenas de América no se abordó adecuadamente. Los aborígenes siguen constituyendo una parte desproporcionada de las personas que viven en la pobreza en la región. Apenas hubo resarcimiento para los siglos de desposeimiento y marginación.

En América

La discriminación contra los pueblos originarios es una realidad que afecta a todo el continente. En la provincia de la Columbia Británica, Canadá, se está construyendo una enorme represa hidroeléctrica que ilustra la persistente brecha que divide la retórica y la realidad en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América.

Amnistía Internacional lanza una campaña internacional para detener la construcción de la represaSite C, que, si sigue adelante, privará a los pueblos indígenas de la región del valle de la Paz, en la Columbia Británica, del acceso a tierras y aguas esenciales para su cultura y su sustento.

La represa de Site C es sólo un caso emblemático de un patrón más amplio de violaciones dederechos humanos contra los pueblos indígenas en toda América.

Los niños indígenas Wayuu en el pueblo de Pessuapa, Colombia. ONU/Gill Fickling
Los niños indígenas Wayuu en el pueblo de Pessuapa, Colombia. ONU/Gill Fickling

En 2015/2016, Amnistía Internacional documentó violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas –incluidos ataques, uso excesivo de la fuerza y homicidios– que amenazan los derechos de estos pueblos a sus tierras, su territorio, sus recursos naturales, su cultura e incluso su existencia misma. La pobreza, la exclusión, la desigualdad y la discriminación han seguido afectando a miles de personas en lugares como Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú. Los pueblos indígenas se ven obligados, por agentes estatales y no estatales, a abandonar sus propias tierras a causa de la búsqueda de desarrollo económico.

Los proyectos de explotación, incluidos los de la industria extractiva, niegan reiteradamente a los pueblos indígenas una consulta significativa y el consentimiento libre, previo e informado. Además amenazan su cultura y su medio ambiente y han provocado el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

Las normas internacionales de derechos humanos proporcionan una alternativa crucial al subrayar la importancia de la participación de los pueblos indígenas en todas las decisiones que afectan a su vida y su futuro. Hay normas tales como el consentimiento libre, previo e informado que proporcionan tanto una protección contra decisiones que causarían un daño adicional a comunidades ya de por sí marginadas, como una base para que los pueblos indígenas busquen el desarrollo económico de acuerdo con sus propios valores y necesidades.

(Fuente: Prensa ONU y Amnistía Internacional)

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