Se rompe la mesa de dialogo minero en Mendoza entre asambleas y Gobierno

Las asambleas festejan en Mendoza. (Foto: diario Los Andes)
Las asambleas festejan en Mendoza. (Foto: diario Los Andes)

Las Asambleas Populares por el Agua dieron el portazo a la mesa de diálogo por la minería convocada por el Gobierno provincial por considerar que es un ámbito sesgado donde se le mintió a los asambleístas. “A pesar de sus estrategias comunicacionales o mesas de ‘diálogo’ contratando ‘expertos en felicidad’ JAMÁS (sic) tendrán LICENCIA SOCIAL (sic) para proyectos mega mineros”.

Los ambientalistas -que deliberaron en Alvear sobre la estrategia a seguir tras las desilusiones y encontronazos del primer encuentro– denunciaron que el gobierno del mandatario provincial Alberto Cornejo ha permitido el “desprestigio calumnioso” por parte del sector prominero, que asoció “falsamente a las asambleas o personas a diferentes poderes ideológicos, económicos o políticos para generar dudas en la población en general, en vez de atenerse a los argumentos”.

La instancia en teoría dialoguista a la que convocó el Ejecutivo fue criticada desde el principio por los asambleístas porque el gobierno lo presentó como un camino para la búsqueda de un modelo minero “sustentable”, algo que no existe en la variante metalífera del extractivismo, según los estudiosos de las consecuencias de ese tipo de minería.

“Las asambleas reconocemos en el uso de este tipo de terminología asociada a la minería la aplicación de una estrategia de comunicación arbitraria que desinforma a la comunidad y que forma parte del manual de comunicación de las empresas extractivas para América Latina, elaborado en Brasil, y por lo tanto, mal condicionan nuestra disponibilidad al diálogo”, señalaron este lunes los asambleístas.

“Entendemos que es un espacio que no incluye a los actores que en los últimos 20 años hemos participado en los procesos que hacen de Mendoza una provincia libre del modelo extractivista sojero-megaminero-petrolero que impera en diversas regiones del país.
No puede haber diálogo, en un espacio que cita en su jornada inaugural, sólo a una parte, dejando al resto como simples espectadores, sin posibilidad de expresar algún concepto desde otra mirada”, agregaron.

Las Asambleas por el Agua consideraron que el ámbito donde el gobierno pretendía hacer confluir a todos los sectores no respeta la Ley 7722 y las leyes de creación y/o ampliación de Áreas Naturales Protegidas, y de rechazo administrativo, legislativo, judicial y social de proyectos mineros, Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, Ley de Glaciares, etc.; “ni reconoce que éstos han sido producto de variados, diferentes e intensos procesos de participación ciudadana.
No hay diálogo cuando se desconoce el marco normativo ambiental existente en el ámbito municipal, provincial y nacional”.

Apuntaron además: “No se puede dialogar cuando las autoridades que deberían controlar, miran para otro lado, negando las irregularidades de proyectos mineros que sistemáticamente violan la legislación vigente. Así, el proyecto San Jorge insiste con actualizar su DIA en base a una MGIA que ha sido rechazado en todas las instancias al que ha sido sometido; y el Complejo Uranífero Sierra Pintada sigue sin cumplir con lo que la Ley y la Justicia le obliga en cuanto a la remediación de sus pasivos ambientales”.

Además, los asambleístas consideraron como “falso y ofensivo” asegurar que no ha habido instancias de debate o que cada resolución a la que se arribó fue apresurada, como intentan sugerir de manera reiterada desde el sector minero.

“No se puede dialogar cuando son sistemáticamente pisados, negados o ninguneados los proyectos de desarrollo amigables con el ambiente y alternativos al modelo megaminero, planteados por las comunidades locales; como por ejemplo, el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que lleva 20 años sin ser tratado por la Legislatura de Mendoza; el Área Natural Protegida Cerro Nevado que tiene media sanción legislativa y el Parque Nacional Pehuenche”, entre otros.

Denunciaron también intentos explícitos o implícitos “de modificar o flexibilizar bajo ningún mecanismo, las protecciones ambientales obtenidas, deslegitimando el enorme esfuerzo que muchos mendocinos hemos hecho”.

Documento presentado al Gobierno sobre la Mesa de Dialogo Minero

LA 7722 ES DEL PUEBLO·MARTES, 2 DE AGOSTO DE 2016
UNA MESA CON PATAS ROTAS.
La primera generación de derechos humanos, en el siglo XIX, liberó la razón e impulsó la industria, con el fin de promover el avance de la civilización y el desarrollo de la humanidad.

La segunda generación de derechos humanos, en el siglo XX, veló por la equitativa redistribución de la riqueza generada por la razón y la industria.

La tercera generación de derechos humanos, de finales del siglo XX y comienzo del XXI, protege el ambiente ecológico natural de los abusos de la ciudad y la industria, porque la hipertrofia industrial puede destruir la Naturaleza, haciendo desaparecer la existencia de riqueza para distribuir entre los seres humanos, comenzando por el alimento.

La relación entre el hombre y los bienes comunes necesarios para su subsistencia, ha obligado a formular una regulación jurídica que sirva de marco, determinando distintas modalidades y metas. La cuestión comenzó a través de una visión conforme a la cual cada recurso natural, recibía un tratamiento independiente, según la industria, como ocurre en el derecho agrario, en el minero o en las disposiciones que determinan los regímenes del agua, del suelo, de los bosques, etcétera.

Para tener en cuenta el alcance de los bienes comunes, es necesario recordar que su cuidado, en tanto derecho humano, está implicado en los tratados internacionales, inscripto en el artículo 75 inc. 22, y que el mismo tiene jerarquía superior a la leyes federales: códigos y leyes provinciales, que puedan contradecir la preservación de los mismos, plasmándose en el artículo 41 de la Constitución nacional, y sus leyes complementarias nacionales, provinciales, y municipales de orden ambiental, e incluso en el mismo Código de Minería en su artículo 233, y en el artículo 3 de la ley provincial 8517; (EMESA), que ordena accionar bajo la Ley provincial 5961 (preservación del ambiente) y la ley provincial 7722/07 (protección recurso hídrico)

La industria minera es lícita, siempre que, (al igual que cualquier industria), accione de forma equilibrada con las tres columnas en que debe apoyarse: lo económico, lo social y lo ambiental, dándole a cada una de ellas, el lugar que le corresponde.

En Mendoza la industria minera, se encuentra desarrollada, obteniendo:

  • Rocas de aplicación (Aragonita, Arcillas, Calizas, Granulado Volcánico, Granito, Mármol, Piedra Laja, Piedra Pómez, Puzzolanas, Serpentina, Toba Volcánica, Travertino y Yeso)
    · Minerales pétreos (Ripio y Arena)
    · Piedras semi-preciosas (Ágata)
    · Minerales no metalíferos (Amianto, Baritina, Bentonita, Calcita, Caolín, Cloruro de Sodio, Cuarzo, Fluorita, Mica, Feldespato, Piedras de Afilar, Sal Gema, Sulfato de Sodio, Talco, Tierras Aluminosas, Tierras Silicosas, Diatomeas, Turba).[1]

Y están radicadas en la Provincia, numerosas empresas, propietarias de plantas industriales activas, dedicadas a la minería, a saber: Molinos Viberti Minerales, Yesos Knauf S.A., F.G Materiales, Minetti S.A., Canzian Carlos Cetel Minera S.A., Explotaciones Mineras Fábrega, Min. Víctor Hugo, La Elcha, Molinos Tarquini, Minera Cema, Treuquil Mineral, Cuyo Minerales S.R.L., Electro Aleaciones S.A., Minera Génesis S.A., Durlock S.A, Palumbo, entre otras.[2]

Las Asambleas Mendocinas Por Agua Pura (AMPAP), nos hemos manifestado continuamente sobre las irregularidades ambientales, legales y administrativas cometidas por empresarios mineros y funcionarios, ya sea como oficialismo u oposición; logrando el archivo o anulación de diversos proyectos ante leyes infringidas, como el caso de San Jorge, Hierro Indio, proyecto mineros metalíferos en Áreas Naturales Protegidas y zona de glaciares, Plan de Ordenamiento Territorial, entre otros; produciendo innecesarios gastos para el pueblo mendocino, que tan solo el conocimiento o el compromiso, podrían haber evitado. Ningún caso, entonces, fue destituido por lo que llaman “presión social”. Si hay falta de control en lo administrativo, ¡¿cuánto más riesgoso será en lo ambiental?!

La licencia social, es un requisito exigido por la comunidad, para su explotación.

(Fuente: http://www.noalamina.org  /  Link: http://noalamina.org/mineria-argentina/mendoza/item/16013-portazo-de-las-asambleas-mendocinas-a-la-mesa-de-dialogo-minero-el-gobierno-propicio-el-desprestigio-calumnioso)

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