Polémica por la decisión de Macri de utilizar la base de datos de ANSES para fines políticos

Marcos Peña y Jorge Grecco, responsables del uso indebido de datos.
Marcos Peña y Jorge Grecco, responsables del uso indebido de datos.

Fuertes críticas en la oposición política y en las organizaciones sociales generó la decisión del Gobierno de utilizar la base de datos de ANSES presuntamente “para mejorar la comunicación” al compartirla con la Secretaría de Comunicación a cargo del periodista Jorge Grecco. Diputados y senadores opositores aseguran que se viola la ley de protección de datos personales y la privacidad en las redes sociales.

El “convenio de cooperación” firmado entre la Secretaría de Comunicación Pública y el Anses, ya publicado este lunes en el Boletín Oficial, “ad referéndum” del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña.

Mediante este convenio “se establece el marco técnico jurídico para el intercambio electrónico de información contenida en las bases de datos”, para lo cual el Anses remitirá “periódicamente” a la Secretaría información que incluye nombre y apellido; DNI; CUIT/CUIL; domicilio; teléfonos; correo electrónico; fecha de nacimiento; estado civil, y estudios.

Según se informó, el objetivo de la medida es hacer llegar los mensajes del Gobierno a la población de modo directo “a través de las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo”.

Para ello, el convenio entre las dependencias de Jorge Grecco y Emilio Basavilbaso subraya que la información que se obtendrá no reviste carácter de “sensible” y que no pone “en riesgo la intimidad o el honor de los titulares del dato”, aunque se contemplan medidas de seguridad para “prevenir la adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado”, al tiempo que las partes “se obligan a mantener la más estricta confidencialidad”.

“Los datos obtenidos sólo serán utilizados con el fin de llegar a la población con información de acciones de gobierno y con mensaje de utilidad pública que le resulten de relevancia, procurando en este punto lograr la mayor precisión posible”, indicó el texto oficial.

Según se indicó en los argumentos del convenio, “resulta esencial para el Estado Nacional la identificación y análisis de problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país, así como la comprensión y detección de variables sociales y culturales que permitan incorporar la diversidad federal en la comunicación pública”.

“A los fines de cumplir con las competencias asignadas a Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, resulta necesario contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública, a través información que se encuentre consolidada en bases de datos, destacándose la posibilidad de enriquecerlas, segmentarlas, clasificarlas y normalizarlas, para posteriormente compartirlas con el organismo dador”, se indicó en el texto oficial.

Se advierte, además que este convenio “se adecua” a los principios sentados en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales en tanto “específicamente establece que en el caso que la cesión de datos se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa y en cumplimiento de sus específicas competencias no se requerirá el consentimiento previo del titular de los mismos”.

(Fuente: agencia Telam y diario Ambito Financiero)

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