Lo que val del golpe de 1976 a Obama

golpe 76La marcha por los cuarenta del golpe de 1976 vuelve a ser de lucha para los organismos de Derechos Humanos y toda la sociedad. El macrismo insiste en limar lentamente los logros de una década en materia de impunidad frente al terrorismo de Estado. Lo hace a paso firme, seleccionando aliados y golpes precisos con un discurso de doble moral a partir de la visita de Barack Obama al país. 

“El 22 se termina el curro” decía la pintada sobre la Mansión Seré un ex centro clandestino de detención, convertido en Casa de la Memoria en la localidad de Morón, al oeste del Gran Buenos Aires. En ese municipio ganó en octubre la intendencia el macrista Ramiro Tagliaferro y el 22 de noviembre Mauricio Macri obtuvo el balotaje presidencial por escaso margen. “El curro de los Derechos Humanos” fue una frase emblema del antimacrismo durante la campaña electoral. El pasado sábado 19, Mansión Seré volvió a ser ultrajada con graffitis agraviantes a escasos cinco días del aniversario del golpe militar de 1976. Entre ambas fechas el gobierno de Mauricio Macri se encargó de desarticular algunos logros convertidos en política de Estado a partir de la lucha histórica de organizaciones sociales contra la impunidad del genocidio militar.

A pocas horas del triunfo macrista, el lunes 23 de noviembre un editorial del diario La Nación marcaba el rumbo reclamando lisa y llanamente la libertad de los militares condenados por delitos de lesa humanidad y el fin “de la mentira sobre los años setenta”. Pese a los repudios suscitados hasta de los propios trabajadores esa impronta sobrevoló algunas decisiones del gobierno en los últimos meses.

El primer ensayo los constituyeron tres medidas consideradas arbitrarias por juristas argentinos de diverso color político. La represión con gases, palos y balas de goma a los trabajadores de la empresa Cresta Roja, el 21 de diciembre, la detención de la dirigente social Milagro Sala en Jujuy bajo cargos excarcelables el 16 de enero y el anuncio de un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones callejeras, inaugurado con la represión a una murga de chicos de una villa miseria de la capital el 29 de enero. Con esos antecedentes, el gobierno avanzó sobre los trabajadores estatales, primero, y los privados más tarde, con una ola de despidos que los cálculos más conservadores ubican por ahora en cien mil.

Los despidos en el Estado nacional impactaron directamente sobre áreas sensibles a las políticas sociales. El ministro de Hacienda y Finanzas –nombre que recuperado de la dictadura militar- Alfonso Prat Gay, consideró a los empleados despedidos como “la grasa que le sobra al Estado” como pare desprenderse de ellos sin remordimientos. En el área de Justicia y Derechos Humanos, los despidos alcanzaron las mil personas y se espera en las próximas semanas nuevos telegramas. La secretaría de Derechos Humanos se lleva la mitad de esos cesanteados, tanto en el predio de la ex ESMA donde funcionan buena parte de las dependencias del área como en el resto del país en diferentes sitios de Memoria. El secretario Claudio Avruj, un militante empresarial de la comunidad judía que acercó a Macri algunos contactos durante su gestión como alcalde de la ciudad, ya había mostrado su poco interés por los Derechos Humanos en enero de 2014, cuando ocupando el mismo cargo en la Ciudad, anunció a los trabajadores del Parque de la Memoria que no habría aumento salarial y “quienes no acepten la propuesta pueden buscarse otro trabajo”.

Avruj un hombre sin más experiencia que la de organizar eventos de colectividades extranjeras migrantes, como símbolo de la diversidad en el país, llegó al cargo por su cercanía con Macri y no por sus capacidades sobre el tema. Para muchos, el candidato más potable e interlocutor válido para los organismos de Derechos Humanos debió haber sido Santiago Cantón, ex secretario de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, salido de las filas del candidato presidencial Sergio Massa. Cantón recaló en el mismo cargo que Avruj pero en la provincia de Buenos Aires, por lo que las especulaciones lo señalan como el reemplazante de Avruj cuando éste termine el trabajo sucio de limpiar los restos de la administración K en su área.

Por si fuera poco, en la última semana de febrero, la periodista Soledad Giles, empleada de la Secretaría de Derechos Humanos, denunció que fue obligada a redactar una nota que debía llevar la firma de Avruj, en la que se justificaba la detención domiciliaria para los militares condenados por delitos de lesa humanidad mayores de setenta años, por razones “humanitarias”. La negativa de Giles terminó en su despido.

En las últimas semanas Avruj fue protagonista involuntario de los debates a propósito de los cuarenta años del golpe militar. Trató de explicar sin éxito las reticencias del presidente Mauricio Macri para reunirse con los organismos preocupados por el desarmado de la política de Memoria, Verdad y Justicia, implementada desde la anulación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final, en tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner, en agosto de 2004 y la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Finalmente Estela de Carlotto fue recibida por Macri el 22 de febrero con frialdad y más interés en la foto que recorrería los medios que en resultados concretos sobre los reclamos de las organizaciones de Derechos Humanos.

Con todo, Macri tiene en claro que pese a las presiones de las organizaciones de derecha como la Corporación de Abogados Católicos donde se nuclean buena parte de los defensores de los genocidas, la política de juicios debe continuar. Lo sostiene el propio titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, reelecto tres veces al frente del máximo órgano de justicia y uno de los más importantes operadores de “la familia judicial”. Lorenzetti no sólo resistió los embates del gobierno de Cristina Fernández por avanzar en las reformas al Poder Judicial sino que se mostró complacido con el armado del nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por el ministro Germán Garavano, un abogado cercano al Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) donde históricamente también anidan los abogados de algunos represores. El equilibro de Lorenzetti quien anunció como “política de estado” los juicios por delitos de lesa humanidad, apunta a ser quien llegue hasta el final de este proceso judicial y exhibirlo como un logro personal al tiempo que logra mantener a la corporación judicial sin pérdidas de beneficios sectoriales, en materia de presupuesto e influencia política. Macri no quiere problemas en el frente judicial por lo menos en su primera mitad de mandato. La convivencia entre ambos es una de las premisas para mantener sus cotas de poder.

Pero desde el Ministerio, Garavano ya dio muestras de escaso interés en las investigaciones vinculadas a su área en Derechos Humanos, tanto en el tema de los juicios como en políticas públicas ligadas al sistema de información e investigación, generado desde su propia repartición. A fines de diciembre el portal de noticias del Ministerio perdió buena parte de  sus notas e investigaciones sobre lesa humanidad, lavado de dinero y narcotráfico. “Fueron literalmente borradas del servidor de Infojus, noticias elaboradas a partir del análisis de sentencias firmes y que después sirvieron para seguir investigando otras pistas y abrir nuevas denuncias en el poder judicial”, denunciaron los trabajadores del Infojus finalmente despedidos. Los argumentos oficiales para justificar no sólo las cesantías sino también el mantenimiento de programas de trabajo fue la reducción presupuestaria que en algunos casos alcanzó el cincuenta por ciento de las partidas destinadas.

El ejemplo emblemático lo constituye la designación de Mariano Federici, un ex funcionario de la FMI, al frente de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y de Maria Eugenia Talerico como su segunda, después de haber sido la abogada de los dos bancos que mas sanciones acumularon en los últimos seis años por infringir normas antilavado en Argentina. Uno de ellos es la filial local del HSBC y su titular Gabriel Martino estuvo involucrado en investigaciones sobre lavado de activos en la filial del mismo banco en México. Los controles laxos son una pasión del macrismo financiero.

Otro ejemplo lo constituye Pablo Noceti, funcionario del Ministerio de Seguridad, defensor de militares represores en La Pampa y Entre Rios y socio de los abogados del exdictador Leopoldo Galtieri. Para Noceti los juicios por delitos de lesa humanidad “son la legalización de la venganza” y por eso decidió prescindir de buena parte de los empleados en su área como jefe de recursos humanos. “No hay presupuesto” fue su escueta respuesta para despedirlos.

Archivos desclasificados.

Obama y flia, al llegar anoche a Ezeiza (Foto: Telam)
Obama y flia, al llegar anoche a Ezeiza (Foto: Telam)

La visita de Barack Obama entre el 23 y 24 de marzo además de generar polémicas por lo inoportuno de la fecha, sirvió al gobierno para volver a barnizarse con el avance en materia de políticas humanitarias. El reclamo histórico de los organismos de Derechos Humanos para que tanto el gobierno de Estados Unidos  como el Vaticano abran sus archivos y permitan revisar documentos desclasificados del período 1974 – 1983, encontró eco en la última semana, cuando Susan Rice, Consejera de Seguridad Nacional de Obama, anunció la apertura de los archivos tanto del Departamento de Estado como de la CIA. La decisión fue saludada por un editorial de The New York Times. “Desclasificar una cantidad más extensa de documentación también servirá para enfocar con más claridad un período vergonzoso de la política exterior estadounidense, en el que Washington condonó y en algunos casos apoyó las tácticas brutales de gobiernos de extrema derecha en la región.  Es tiempo de que el gobierno estadounidense haga lo que todavía puede para ayudar a llevar a los culpables ante la Justicia y darle a las familias de las víctimas algunas de las respuestas que buscan”, cerraba su nota el diario el pasado domingo.

Con todo Obama y Macri tomaron nota de la poco feliz fecha de la visita y decidieron que la patagónica ciudad de Bariloche, a casi 1700 kilómetros de la capital, es un buen refugio para evitar las manifestaciones del 24 de marzo en Plaza de Mayo. Pese a los logros de la reunión entre Obama y Raúl Castro en La Habana, la memoria argentina persiste en recordar los apoyos de Henry Kissinger a la junta militar encabezada por Jorge Videla, al punto que en los juzgados federales sigue guardada la citación para el ex funcionario norteamericano en la causa por os crímenes del Plan Cóndor fogoneado desde Washngton y cuya sentencia se espera para las próximas semanas.

Pero a pocos meses de dejar su sillón en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano está más preocupado en la herencia que pueda dejar en materia de política exterior con “el patio trasero” latinoamericano que unos documentos con más de cuarenta años de vida. A Macri le interesa la foto con Obama pero más especialmente espera a los casi cuatrocientos empresarios que van a cenar en el Centro Cultural Kirchner durante la gala de bienvenida porque la mayoría de ellos “espera hacer buenos negocios con la nueva Argentina” según declaró hace pocos días Jorge Familiar, el vicepresidente del Banco Mundial en su visita al país. De esos negocios depende buena parte de la política económica de apertura planteada por el nuevo gobierno en busca de inversiones y especialmente de endeudamiento, tal como lo declaró Prat Gay tras el triunfo en Diputados con la media sanción a favor de la ley de pago a los fondos buitre. La buena letra del macrismo con sólo tres meses en el poder y la debilidad del gobierno saliente en Washington hacen el justo punto para habilitar el histórico y persistente pedido de los organismos de Derechos Humanos.

En la misma semana de los anuncios sobre archivos de la CIA, el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (Cea), Humberto Malfa , anunció que la Iglesia “está ordenando sus papeles” para dar a conocer documentos sobre el período militar. La decisión nació del papa Francisco cuando en setiembre pasado le dijo a Lita Boitano, referente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, que “pronto iba a tener novedades sobre los archivos de la Iglesia”. Sin fecha cierta de entrega de esos documentos, los organismos esperan encontrar nuevos indicios no sólo sobre el paradero de los desaparecidos sino sobre la entrega de bebés a través de dignatarios católicos vinculados a familias militares, datos que desde Abuelas de Plaza de Mayo vienen persiguiendo desde hace casi cuatro décadas.

Los cuarenta años del golpe llegan en un contexto de reclamos sociales nacientes con una oposición política todavía desarticulada. Por eso no es novedad que como ocurre desde el regreso de la democracia en 1983, sean los organismos de Derechos Humanos quienes vuelvan a convertirse en referentes e interlocutores insobornables del poder de turno, canalizando las demandas de una sociedad que en los últimos años había recuperado desde la legalidad y la legitimidad algunas premisas de convivencia y justicia.

(Por Fabián Kovacic)

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