Terminaron los alegatos del fiscal en el juicio al Plan Cóndor

Militares argentinos y uruguayos sentados ante un tribunal por los crímenes del Plan Cóndor. Videla ya no es de la partida.
Militares argentinos y uruguayos sentados ante un tribunal por los crímenes del Plan Cóndor. Videla ya no es de la partida.

A esta altura de la carrera presidencial poco parece importarle a los medios los hechos que no retengan la atención sobre los candidatos. Sin embargo, los juicios por delitos de lesa humanidad -señalados por la ONU como un ejemplo de justicia- siguen avanzando en la Argentina. El caso Cóndor es emblemático por varias razones: buscan determinar quienes fueron los responsables de los asesinatos y desapariciones, juzgarlos y condenarlos, y generar un precedente para evitar este tipo de delitos en el futuro en todo el mundo. No es poco. Y en ese sentido la Argentina picó en punta respecto de sus vecinos sudamericanos. Uno de los pocos medios dedicado a seguir estos casos es Infojus Noticias y aqui reproducimos parte de la nota sobre el cierre de los alegatos fiscales a la espera que en 2016 se legue a la sentencia.

Los últimos tres meses lo tuvieron al fiscal Pablo Ouviña ocupado en una tarea ardua: explicar ante el Tribunal Oral Federal I cómo, con base en Santiago, las dictaduras latinoamericanas se asociaron en 1975 para espiar, secuestrar y asesinar sus adversarios políticos más allá de sus fronteras. Ayer, después de tres meses de alegatos y casi tres años de juicio, pidió condenas de hasta 25 años de prisión para los represores que esperan la condena en el banquillo de los acusados. “Investigamos dos cosas: qué les pasó a las 174 víctimas, cuya mayoría está desaparecida, y determinar la existencia de una asociación criminal, ilícita”, dijo el fiscal en una reciente entrevista con Infojus Noticias.

Todos los imputados, para la fiscalía, fueron parte de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad. La agencia Télam detalló que el pedido de penas más altas fue de 25 años para los responsables de Institutos Militares en la dictadura, Reynado Bignone y Santiago Omar Riveros. Bignone ocupó ese cargo antes de ser nombrado presidente por el gobierno de facto, en el último tramo de la dictadura cívico militar. También pidió 25 años para personajes de menor rango: el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza.

Para el ex servicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini, único extranjero entre los ocupantes del banquillo, también se pidieron 25 años, por ser partícipe necesario del secuestro de once víctimas. La misma cantidad de años que para el ex agente de la SIDE, y apropiador de Mariana Zaffaroni Islas, Miguel Angel Furci, por su rol estelar en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, el reducto argentino del Plan Cóndor por antonomasia. A Furci se le achacaron 60 privaciones ilegales de la libertad y 123 casos de torturas.

Por el delito de asociación ilícita en concurso material con el de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, Ouviña reclamó 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea.

Para el resto solicitó penas menores. Diez años al ex jefe del área militar 112, Federico Antonio Minicucci, y al ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant. Para otros ocho militares, pidió 16 años de reclusión. La lista del grupo de los ocho, con sus cargos, es la siguiente: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez.

Hubo un solo pedido de absolución: para el ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez. El fiscal no pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad. El juicio, que podría terminar en 2016, seguirá con los alegatos de las defensas de los 18 acusados.

(Fuente: Infojus noticias.gov.ar)

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s